Caso 27-F supera tiempo de tramitación de los seis juicios más extensos desde la reforma
Cuando se comparan los tiempos que duraron los procesos penales correspondientes a los seis juicios más extensos del actual sistema penal, el caso, sin incluso haber llegado a la preparación de juicio oral, ya supera el período de tramitación que tuvieron estas indagatorias emblemáticas (ver infografía). Ni el proceso de la Cárcel San Miguel ni el de ADN Nutricomp ni los casos muebles, caso Bicrim Pudahuel de corrupción en la PDI, bombas y Alto Río se extendieron tanto como lo sucedido con el 27-F.
La suspensión del proceso judicial se debe a que una de las defensas recurrió al Tribunal Constitucional (TC), por lo que la causa está paralizada. El recurso se pondría en tabla la segunda semana de marzo, fecha en que cumplirá seis meses de interrupción de la preparación del juicio oral (ver relacionado).
Incluso, rechazándose el recurso en el TC y reactivándose el caso en tribunales, por la cantidad de pruebas ofrecida por la Fiscalía Occidente la causa no llegaría ante el Cuarto Tribunal Oral de Santiago este año. Este aletargado proceso enfrenta a defensas y querellantes. Los primeros dicen que desde todo punto de vista son desproporcionados los recursos que ha puesto y pondrá el Estado en esta investigación, respecto de las penas que finalmente solicitó la fiscal regional Solange Huerta y su equipo: 818 días de cárcel para cada uno de los seis acusados por cuasidelito de homicidio. Mientras que un abogado representante de víctimas sostiene que se trata de una indagatoria muy compleja y que no importa cuánto pueda durar, mientras haya la posibilidad de "hacer justicia".
"¿Por qué la fiscalía no buscó salidas alternativas?"
Desde el 7 de mayo de 2012 tienen calidad de imputados en el caso el ex subsecretario de Interior Patricio Rosende, la ex directora de la Onemi Carmen Fernández, el ex jefe de turno Johaziel Jamett, el ex director del SHOA Mariano Rojas y sus asesores Andrés Enríquez y Mario Andina. Todos fueron formalizados en esa fecha y enfrentan el proceso penal más lato del nuevo sistema -entre otras cosas-, considerando que las causas desde la imputación no deben durar más de dos años.
El abogado Samuel Donoso, quien representa a Rosende, dice que el prolongado proceso "que ha debido afrontar mi defendido, que se ve agravado por la alta exposición pública del caso, ha sido un castigo en sí mismo". Para el penalista, "no se entienden las razones del porqué la fiscalía no buscó salidas alternativas, cuando en muchos otros casos donde se imputa el mismo...
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