Carroza pide a Francia y Argentina detener a Ricardo Palma y Galvarino Apablaza
La orden de captura internacional que emitió Carroza la semana pasada fue dirigida a Interpol, en cambio estas van a los gobiernos respectivos.
Las gestiones son parte de una situación inédita en el caso Guzmán, que se investiga desde hace 26 años.
Es primera vez desde 1991 que la cúpula de máximos acusados en el homicidio del senador está a la vista. La última vez que estuvieron en esa situación fue en el camping de Colliguay, en la V Región, en el año 1992, cuando, alertados, escaparon del equipo del ex comisario de Investigaciones Jorge Barraza, que los grabó en el camping . Luego huyeron a Cuba, se dispersaron y años después se volvió a saber de ellos en el extranjero porque algunos aparecieron involucrados en secuestros en Brasil y México.
En esta ocasión, el líder del FPMR, Galvarino Apablaza -que fue capturado en noviembre de 2004 en Argentina por una alerta roja, cuando vivía bajo la chapa de Héctor Mondaca- perdió la condición de refugiado que le concedió el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2010. Ahora se inicia una nueva etapa en vías de su extradición desde Argentina para que sea interrogado por el ministro Mario Carroza.
El caso de Ricardo Palma es distinto: está confeso de su participación directa en el homicidio de Jaime Guzmán y se fugó en 1996 desde la Cárcel de Alta Seguridad con Mauricio Hernández Norambuena, en un espectacular rescate en helicóptero que dirigió otro participante del crimen: Raúl Julio Escobar Poblete. Debe ser extraditado no para juzgársele, como a Apablaza, sino para que regrese a terminar de cumplir su condena.
Otro de los personajes que actuaron directamente en la ejecución del homicidio y reaparecieron fue Raúl Julio Escobar Poblete, quien junto a Palma disparó al senador. Escobar se encuentra detenido en el Centro de Readaptación Social 12 en Ocampo, estado de Guanajuato, acusado por una serie de secuestros. Su actual abogado, Alejandro Gutiérrez, pidió la ampliación de la investigación complementaria y se le concedió por tres meses. El procurador general de Guanajuato está reuniendo el máximo de pruebas porque quiere que primero pague por sus delitos en México y luego se le conceda la extradición a Chile. Su situación es similar a la de Mauricio Hernández Norambuena, quien, pese a que ha hecho lo imposible por regresar al país a enfrentar el juicio por el homicidio del senador Guzmán, primero tiene que cumplir la pena por secuestrar al empresario Washington Olivetto en Brasil.
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