Carabineros y procedimientos institucionales - 30 de Diciembre de 2018 - El Mercurio - Noticias - VLEX 751841833
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Carabineros y procedimientos institucionales

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Vincent

Ha hecho bien el Gobierno en someter al Congreso un proyecto de reforma constitucional para rediseñar el proceso de remoción de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y del general director de Carabineros, y es natural que se esfuerce en obtener su aprobación, sin perjuicio de los perfeccionamientos que pueda experimentar durante su tramitación en el debate parlamentario. En todo caso, no debe legislarse solo atendiendo a lo sucedido en un caso puntual, sino que deben considerarse sus distintos efectos en el largo plazo.Más allá de los méritos de su propuesta -ajena a su programa e impuesta por causas sobrevinientes-, al impulsar esa iniciativa, el Ejecutivo da una señal de querer adecuar esa regulación a la realidad política institucional del país. La evolución sufrida por las normas que regulan esa materia, desde la casi inamovilidad original de los comandantes en jefe -salvo acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional- al actual decreto fundado informado al Congreso para remover a un titular de las ramas castrenses y al general director de Carabineros, e incluso la sujeción del Poder Ejecutivo a la elección del nuevo mando dentro de las cinco primeras antigüedades de cada institución, reflejan un esfuerzo por contener una posible arbitrariedad en el ejercicio de una atribución que en las principales democracias corresponde discrecionalmente al titular del Poder Ejecutivo. Ellas se entienden en el contexto de la transición reglada desde un régimen militar a una plena democracia. Los efectos y el papel jugado por estas reglas en la estabilidad y el éxito de esa transición son un tema debatible, pero no así la obligación de cumplirlas en cuanto se encuentren vigentes.Respecto de la profunda crisis que las autoridades han debido enfrentar en Carabineros -y en menor medida en el Ejército- existe una percepción transversal de que sus causas son de larga data, tienen rasgos estructurales y demandarán un amplio acuerdo político para superarse.De ahí que el Ejecutivo haya podido tomar resoluciones sobre la policía uniformada que en otras circunstancias habrían suscitado un encendido y justificado debate público. Ese es el caso de la reciente remoción de una decena de generales para incorporar a la quina de oficiales elegibles para la Dirección General a quien el Gobierno, al parecer, ya tenía identificado como la persona apropiada para conducir la institución. Con todo, sigue faltando una adecuada aclaración del Ejecutivo sobre las razones...

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