Capítulo XXI: Nuevos retos de la fiscalización de los tributos ante el reconocimiento constitucional del debido proceso en Cuba
| Autor | Damaris Carbonell Martínez |
| Cargo del Autor | Profesora principal de Derecho Económico y Derecho Financiero del Departamento de Derecho de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Granma, Especialista en Derecho Civil (2008). |
| Páginas | 327-336 |
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TRATADO DE LOS GRUPOS VULNERABLES,POLÍTICAS PÚBLICAS Y CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
CAPÍTULO XXI
NUEVOS RETOS DE LA FISCALIZACIÓN DE
LOS TRIBUTOS ANTE EL RECONOCIMIENTO
CONSTITUCIONAL DEL DEBIDO PROCESO EN
CUBA
DAMARIS CARBONELL MARTÍNEZ*
I. INTRODUCCIÓN
El presente trabajo muestra un estudio que se enmarca en el Derecho Tributa-
rio (Ferreiro Lapatza , et. al. :1997, p.13) y en particular en la regulación jurídica de la
fiscalización de la deuda tributaria, con especial énfasis en la prueba, en consonan-
cia con las posiciones teóricas que esbozan diametralmente el enfoque en defensa
del pleno convencimiento de que es posible garantizar la materialización de los
postulados que fundamentan al debido proceso, entendido por “(…) las posibilida-
des de ser oído, conocer, probar e impugnar (…)”, (Pérez Gutierrez, y Mccormack
Becquer: 2014, p.126), constituyéndose en el contenido del reconocido derecho a la
defensa. (Ídem)
Desde la visión de l os procedimien tos admini strativos tributario, se aborda
que el derecho al debido pr ocedimiento tiene d os enfoques esenciales “como dere-
cho al procedimiento administrativo. Esto es, el derecho de los administrados a la
existencia de un procedimiento a dministrativo anterior a la elaboración de l as de-
cisiones administrativas, correlativamente, el deber de la Administración de produ-
cir sus decisiones por medio del cumplimiento de las reglas que integran el proce-
dimiento; y como dere cho a la s g arantías del procedimi ento administrativo. Es
decir, es te derecho cong rega una serie de derechos esenciales como son el derecho
a la defensa, el derecho a ser notificado, el acceso al expediente, el derecho a probar,
entre otros.” Morón (2015, pp. 67-68).
Por otro lado, autores como Guzmán define al debido proceso “como el con-
junto de garantías indispensables para que un proceso o procedimiento pueda ser
considerado justo; es decir, en el que se pueda declarar válidamente el derecho de
*Profesora principal de Derecho Económico y Derecho Financiero del Departamento de Derecho de
la Facultad de Ci encias Económicas y Sociales de la Univer sidad de Granma , Espe cialista en
Derecho Civil (2008). Desde el 2004 al 2012 Asesora Jurídica de la Oficina Nacional de Administra-
ción Tributaria en la provi ncia de Granma. Presid enta del capítul o provi ncial de la Sociedad
Científica de Derecho Económico y Financiero d e la Unión Nacional de Juristas de Cuba.
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