El camino no elegido
Antes de responder a esas interrogantes, recordemos cuáles fueron los planteamientos originales de la Presidenta.
En el nivel escolar, según relató Bachelet recientemente a la revista Capital, su "primer sentido fue: partamos por la educación pública mientras vamos haciendo los otros avances". Es decir, intuyó que era necesario comenzar por la calidad de la educación y no por cuestiones de orden administrativo-financiero de difícil comprensión. Imaginó pues un sentido y un cronograma diferentes para la reforma. Su gobierno, sin embargo, eligió el camino opuesto. Y en virtud de ese error, hasta hoy la reforma se encuentra atascada.
En el caso de la enseñanza superior, la Presidenta, al estrenar su equipo programático en abril de 2013, declaró: "Mi opinión personal es que no encuentro justo que el Estado pague la universidad de mi hija si puedo pagarla", acotando además: "Creo que es regresivo que quienes pueden pagar no paguen". Por tanto, también en esa ocasión la Presidenta percibió de manera clara e intuitiva la solución correcta. Insistió además en que "la gran mayoría de los chilenos no puede pagar (su educación superior) y se endeuda y tiene una vida de incertidumbre y muchas veces de miseria", lo que también es válido y justifica el apoyo del Estado.
Pues bien, contrariando el presentimiento presidencial, el Gobierno prometió en su programa la gratuidad universal de la educación terciaria, que empezaría a implementarse gradualmente en 2016. ¿Cómo, para quiénes y a cambio de qué? Nadie sabe. Por esta razón reina el desconcierto entre las instituciones y los estudiantes. Y muchos nos preguntamos cómo podría justificarse una medida que, de aplicarse de manera universal, tan obviamente beneficia a los hogares del quintil más rico.
De modo que en vez de un diseño de reforma ordenado en torno a las acertadas intuiciones de la Presidenta nos encontramos hoy frente a una agenda distinta, incluso con objetivos contradictorios con aquellas percepciones y presentimientos presidenciales originarios.
Como resultado, la discusión pública en el nivel escolar se halla entrampada en asuntos de infraestructura, logística, plazos y aspectos técnicos de los procesos de admisión. A su turno, en el nivel superior reina la confusión y un tenso compás de espera, mientras el Gobierno alienta expectativas de no pago, nuevas leyes, subsidios a la oferta estatal y creación de un mayor número de instituciones públicas.
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