Cómo se gestó la caída de Sergio Vargas, el dirigente sindical que paralizó a los puertos del país
Martes 16 de septiembre, nueve y media de la mañana, cae una persistente llovizna sobre San Antonio. A un costado de la antigua sede del sindicato de estibadores, en el Paseo Bellamar de esta ciudad, Sergio Vargas, el poderoso presidente de la Federación de Trabajadores Portuarios Eventuales (Fetrampec) y un grupo de sus cercanos miran con resignación cómo en el puerto se afinan los detalles para iniciar, en el segundo turno, el desembarco del carguero Río Malleco, con dos mil automóviles en sus bodegas.
Se trata de la primera señal de normalidad después de 18 días de paralización en los sitios de atraque que administra la empresa Puerto Central, controlada por el grupo Matte. Esta concesionaria, más el Terminal Puerto Panul y Terminal Internacional (STI), manejan el principal complejo portuario del país, que mueve 17,4 millones de toneladas al año, casi el doble que Valparaíso.
La normalidad es precaria, eso sí. Prueba de ello, es que un contingente de carabineros, apoyados por carros lanzagua y lanzagases, monta guardia en el ingreso principal del terminal para evitar incidentes. Todavía está fresco en la memoria de la autoridad y de la concesionaria el enfrentamiento del 22 de enero de este año, cuando un grupo de trabajadores liderados por Vargas se enfrentó con la policía para evitar que otros operarios reiniciaran las tareas del puerto con la descarga de unos cinco mil autos desde la nave Eukor.
A pocas cuadras de ahí, en las afueras de la Torre Bioceánica -el único edificio de altura de la ciudad, donde operan las oficinas de Puerto Central- unos 150 trabajadores celebran lo que consideran la caída de Sergio Vargas y se aprestan a firmar nuevos contratos.
Esta vez -dice el trabajador portuario Juan Carlos Neira- firmarán los que se lo merecen y no los designados por el sindicato a través del mecanismo de nombradas, en que los dirigentes deciden, de entre sus incondicionales, quién ingresa a trabajar al puerto.
En las oficinas de Puerto Central, Diego Silva y otros dirigentes de la Federación Trabajadores Portuarios de Costanera Espigón (Fetraportces) -antiguos compañeros de Vargas y hoy enconados enemigos- conocen los detalles de una propuesta que, en lo grueso, significa que unos 140 trabajadores eventuales pasarán a la planta de la compañía en lo inmediato; se llegará a 200 antes de fin de año y a 500 cuando esté operativa la ampliación del puerto que ejecutará el grupo Matte y que involucra una inversión por US$ 480 millones al 2017.
Para la empresa, dicen cercanos a la industria portuaria, esta medida significará asumir un costo laboral mayor, pero con la ventaja de que podrá seleccionar a los trabajadores que contrata. Además, podrá reclutar operarios de otras zonas portuarias si es necesario.
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