Lo bueno, lo malo y las dudas que genera el texto
n el sector privado, buena parte de empresas y dirigentes de gremios sectoriales optaron esta semana por no opinar a viva voz del proyecto de ley, pues -confidenciaron-, prefieren estudiarlo en detalle con sus equipos técnicos y jurídicos, antes de opinar.Desde la gerencia general de la CPC, Fernando Alvear plantea como visión muy preliminar -sin haber analizado la iniciativa en detalle- que el hecho de penar a empresas "es algo que la sociedad en general ha reclamado". Plantea que las compañías que ya están haciendo un gran esfuerzo en mantener las normas ambientales, tendrán que introducir aun mayores controles y fiscalizaciones en sus procedimientos, lo que traerá aparejado algún costo, "sin duda. Evidentemente, incide en costos", dice.En efecto, el texto conocido a inicios de la semana plantea que los delitos medioambientales se incorporen a la Ley 20.393, sobre la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica, por lo que las empresas deberán sumar este tema a sus modelos de prevención de riesgos, designando un encargado -con facultades y medios- y estableciendo un sistema de prevención, supervisión y certificación del sistema de prevención de delitos. Esto, obviamente, les exigirá recurrir a asesoría especializada constante. En el caso de las pymes con ingresos inferiores a 100.00 UF al año, el dueño o socio podrá asumir estas tareas.A seis días de su ingreso al Congreso, ya asoma lo bueno, lo malo y las dudas que despierta la iniciativa legal:s Facultad de la acción penal:A semejanza de lo ocurrido con el sistema de libre competencia en casos de colusión, la decisión de activar la acción penal queda radicada como facultad exclusiva, de acuerdo con el proyecto de ley, en el organismo técnico, en este caso la SMA, y una vez que los tribunales especializados hayan establecido el daño ambiental con sentencia ejecutoriada."Es muy positivo que el Tribunal Ambiental tenga que declarar la existencia del daño ambiental primero y que la SMA tenga legitimidad exclusiva para querellarse por estos delitos. Todo esto refleja la prioridad que necesariamente debe tener el análisis técnico en materias ambientales por sobre cualquier otra consideración, constituyendo sin duda el mayor acierto del proyecto de ley", estima Ignacio Urbina, abogado senior de Barros & Errázuriz. El experto, además, alerta: "Vemos con preocupación que puedan surgir voces que exijan una 'acción popular' en estos temas. La persecución criminal debe limitarse solo a los casos más graves que atenten contra el orden público medioambiental".Sin embargo, la senadora Isabel Allende, integrante de la comisión de Medio Ambiente del Senado, plantea una opinión distinta. "Me parece grave que sea...
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