Bolivia insiste en una supuesta continuidad de compromisos de Chile para darle salida soberana al mar
El primero en exponer -enfrentando problemas técnicos de audio que obligaron a suspender la sesión- fue el llamado artífice de la demanda, el español Antonio Remiro Brotóns, quien ya lo había hecho el lunes.
Supuesta "promesa de Chile"
El abogado se concentró en hechos ocurridos en años posteriores al Tratado de 1904, que fijó los límites entre ambos países. De acuerdo a su versión, han existido "un compromiso" y "una promesa" por parte de Chile a lo largo de más de 100 años para terminar con la mediterraneidad de Bolivia.
Remiro Brotóns citó, para ese fin, acercamientos diplomáticos como los ocurridos en el Acta Protocolizada en 1920; conversaciones durante el gobierno de Gabriel González Videla, en 1950; o las ocurridas en Charaña, en 1975.
"Para justificar este planteamiento, Bolivia ha construido una narrativa continuada, que está alimentada de citas, de notas, de declaraciones, fuera de texto y contexto, lo que constituye desvirtuar la historia real", respondió el canciller chileno Roberto Ampuero. "Me parece inaceptable que Bolivia intente construir la imagen de que Chile es un país que no cumple sus compromisos y acuerdos internacionales", agregó.
La OEA como fuente de "obligación"
Más adelante fue el turno de la abogada Amy Sander, quien se centró en resoluciones de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para justificar que Chile tendría una supuesta obligación de negociar con Bolivia, en la misma línea en que el británico Vaughan Lowe lo había hecho respecto de la ONU el día anterior.
Sander enfatizó en que hubo resoluciones en las que el organismo planteó como un tema de preocupación hemisférica la mediterraneidad de Bolivia. "La OEA -dijo- adoptó 11 resoluciones que hacen referencia a la cuestión marítima de Bolivia; la primera data de 1979" (durante una conferencia celebrada precisamente en La Paz, Bolivia).
Dio a entender que si bien la OEA habla de "recomendaciones", como Chile suscribió la carta del organismo, eso le generaría una "obligación". En el mismo sentido, dijo que para Bolivia esas recomendaciones "tienen un efecto jurídico".
A estos planteamientos respondió el ex secretario general de la OEA y senador José Miguel Insulza. Dijo que la "débil" argumentación boliviana pretende convertir al organismo multilateral en una especie de "tribunal de resolución de controversias, lo que se aleja de la realidad". Además, afirmó que el supuesto interés regional en el tema "no se manifestó en nada" y que, desde 1990 en...
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