Bandas con métodos narco se dedican a la millonaria pesca ilegal de la merluza
Según Sernapesca, el tema relata las correrías del "Chupacabras" -líder de una de las bandas- para burlar a fiscalizadores y policías y evidencia la sofisticación de las bandas que participan del lucrativo negocio.
La institución calcula que solo las ventas de merluza común extraída sin respetar las cuotas de captura que buscan evitar su colapso, alcanzan cada año los US$ 45 millones. "Las cadenas de pesca ilegal parten con la extracción, pero están generando verdaderos carteles en sus fases de distribución y comercio", dice el director nacional de ese servicio, José Miguel Burgos.
Las vedas y cuotas máximas para cada especie fijadas por comités científicos que buscan garantizar su sustentabilidad se convierten en normas de difícil aplicación, lo que explica que el 60% de las principales pesquerías del país esté agotada o sobreexplotada. Eso se debe a la enorme extensión del mar y un litoral de más de 4 mil kilómetros, con 461 caletas oficiales y el doble de puntos informales. Desde estos se inicia una carrera por llegar a los mercados de consumo, generando un tráfico que para Sernapesca y la PDI tiene rasgos del narcotráfico.
Entre los recursos más afectados están la merluza común y austral y el congrio. Cargamentos sin certificación legal son llevados desde el sur (regiones VII a X) hasta la Metropolitana y IV, abasteciendo ferias informales.
Cargamentos de pescado en camiones de doble fondo y en furgones escolares, que cuentan con vigilantes armados que enfrentan las "quitadas" de mercancía por parte de bandas rivales, han visto los fiscalizadores, relata el subdirector de Pesquería de Sernapesca, Jorge Toro.
Según Guisella Muñoz, directora de la ONG Cedepesa, los camiones tienen una parte de la pesca visada y el resto sin documentación. "Los choferes se comunican entre sí, alertándose de controles carreteros. También compran visas para blanquear la pesca", dice. En la Región Metropolitana se ubican en parcelas donde contactan a compradores para evitar controles.
Ataques a fiscalizadores
Los fiscalizadores han sido también víctimas de la violencia. "En 2014, dos funcionarios fueron retenidos en una plaza de la VII Región y la oficina local fue destruida. En los controles, pese a ir con policías, hay intentos de agresión", asegura Toro.
La principal dificultad para combatir estas redes son las limitaciones de la Ley de Pesca. El comisario Carlos Muñoz, de la Brigada de Delitos contra el Medioambiente de la PDI, señala que considera la...
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