Gobierno asume Tribunales de Drogas como política pública y aumenta cobertura en 70%
El anuncio se hará a finales de este mes, según confirmó a este diario la directora del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda, ex Conace), Francisca Florenzano.
Los Tribunales de Tratamiento de Drogas es un programa que se desarrolla dentro de los juzgados de Garantía. El imputado, cuyo delito está relacionado con consumo problemático de drogas, de manera voluntaria es derivado a rehabilitación, bajo la supervisión directa del juez.
Durante todo el proceso es monitoreado y acompañado por un trabajador social y psicólogo, y mensualmente participa de una audiencia en la que relata ante el magistrado cómo ha desarrollado el tratamiento. Una vez que egresan, se decreta el sobreseimiento definitivo de la causa en que están involucrados, lo que significa que se les borran sus antecedentes penales.
Actualmente se aplica, como plan piloto, en las regiones de Antofagasta (II), Tarapacá (I), Valparaíso (V) y Metropolitana (fiscalías Centro Norte, Sur, Oriente y Occidente).
En 2012 se sumarán O'Higgins (VI) y Maule (VII); en evaluación, Magallanes (XII) y Coquimbo (IV).
Francisca Florenzano informó que para 2012 aumentarán un 70% los cupos, lo que significa que pasarán por este sistema más de 520 personas.
"Estamos dando una señal de que hay otra vía que no es la cárcel para personas que tienen consumo problemático de drogas, que está asociado a la comisión de delitos", explicó.
A partir del próximo año, habrá presupuesto, infraestructura e institucionalidad para asumir esta nueva etapa, informó Florenzano, "y ahora debemos asumir el desafío de cómo llegar a las personas que se pueden beneficiar con este plan y cómo los pesquisamos".
Costos del sistema
La directora ejecutiva de la Fundación Paz Ciudadana (FPC), Javiera Blanco, recibió con agrado la noticia, pues los TTD es una iniciativa que recogió desde Estados Unidos la fundación para atacar la causa del problema delictivo y no sólo el incidente. "La idea es que la respuesta penal no sólo permita resarcir a la sociedad, sino que también rehabilite y reincorpore a la sociedad a la persona adicta".
En comparación con el costo de mantener a un condenado en una cárcel, que fluctúa entre $ 284.511 y los $ 550 mil -dependiendo si éstos están en penales de administración directa o concesionada-, el tratamiento es de unos $ 160 mil por infractor. "No sólo es menos oneroso, sino que también elimina la causa de los males, que es el consumo problemático"...
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