Cárceles concesionadas: Aspectos positivos y desarrollos pendientes
| Autor | Francisca Werth W. |
| Cargo | Abogada de la Universidad Católica de Chile y master en derecho de LSE, Inglaterra |
| Páginas | 13-15 |
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Aunque las cifras muestran un progresivo me-joramiento de los nive-les de hacinamiento carcelario en Chile, el problema de la sobrepoblación penitenciaria sigue siendo un desafío clave de enfrentar para las autoridades. La disminución de la sobrepoblación en los penales chilenos se ha logrado -entre otras razones- gracias a una mejor gestión por parte de Gendarmería de Chile (Genchi) de los cupos existentes en diversos centros penitenciarios del país. Lo anterior se ha realizado utilizando las facultades administrativas que se le entregan a la autoridad por la normativa vigente, como por ejemplo, la facultad de trasladar a los condenados12
La construcción de infraestructura penitenciaria concesionada comenzó en Chile el año 2000, como una extensión del marco normativo entregado por la Ley de Concesiones de Obras. Este marco legal impulsó con ímpetu una nueva forma de relación contractual entre el Estado y el sector privado, sustentado principalmente en el fundamento de que los pri-vados serían más eicientes en la construcción, operación y transferencia de servicios que el Estado. Adoptando el modelo francés de alianza pública privada se concesionó el diseño, construcción, equipa-miento y operación de distintas cárceles, dividas por grupos. Una característica particular del modelo chileno fue dejar en manos de Genchi la dirección y seguridad de los recintos. Dentro de los servicios que la empresa concesionada debe entregar, aparte de la construcción de recinto, se encuentran el aseo, alimentación de los internos, y lo que constituía la promesa más innovadora, entregar la oferta de programas de reinserción y rehabilitación para las personas privadas de libertad.
La actual administración ha abandonado el impulso de gobiernos anteriores para la construcción de cárceles uti-lizando esta alianza, principal-mente por los mayores costos que tendría para el Estado. Sin
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embargo, entre los expertos no ha existido consenso acerca de esta decisión de la autoridad, sobre todo por la ausencia de estudios de evaluación del modelo, tanto desde la perspectiva de la gestión, como de los costos e impacto en efectos de reinserción y rehabilitación.
La falta de estudios de evaluación comprensivos de estos y otros aspectos pueden estar atribuyendo al modelo errores de gestión administrativa, deiciencias contractuales o de los modelos...
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