Así se generó el conflicto que hoy tiene enfrentados a la Fiscalía Nacional y a Carabineros
TRES DÍAS ANTES, EL FISCAL REGIONAL DE LA ARAUCANÍA HABÍA RECIBIDO EL PRIMER OFICIO DEL DIRECTOR DE INTELIGENCIA DE CARABINEROS.
En el oficio N° 13 del 20 de septiembre, el documento firmado por el general Gonzalo Blu daba a conocer al fiscal regional, Cristián Paredes Valenzuela, antecedentes relativos a hechos delictuales obtenidos al alero de la Ley 19.974 (Ley de Inteligencia). Era "la primera liberación de información que el sistema realiza respecto de hechos ocurridos en esta región, sin el control por parte de fiscales del Ministerio Público, tanto en la obtención como en la presentación de los elementos probatorios recopilados", detallaría en los últimos días el fiscal adjunto de Alta Complejidad de La Araucanía, Felipe González Soto. Y el propio general Blu diría luego que ya en mayo de 2017 se habían transmitido antecedentes "verbalmente y con mi liberación a la fiscalía regional de Temuco".
LA UNIDAD DE INTELIGENCIA OPERATIVA DE CARABINEROS PIDIÓ DETENER A LOS COMUNEROS.
Dicha unidad recibió el 21 de septiembre la solicitud por parte de la fiscalía para que aclarara aspectos de la información entregada. Al día siguiente contestó mediante el informe número 346 de Carabineros, donde detalla cuál sería la estructura de la asociación ilícita y los roles asignados a cada miembro. La encabezaría Héctor Llaitul, a quien secundaría David Cid Aedo, según la policía uniformada. Y por último, le pide en ese informe a la fiscalía que le dé orden de detención para 17 personas que identifica en el informe, para allanar sus domicilios y hacer incautaciones.
El MINISTERIO PÚBLICO SOLICITÓ EL 23 DE SEPTIEMBRE A LA JUEZA DE GARANTÍA DE TEMUCO LA ORDEN DE DETENCIÓN.
Conjuntamente, le pidió orden de entrada, registro e incautación en los domicilios de 10 de las 17 personas que pretendía Carabineros. Así se llegó ese mismo día a la "Operación Huracán", con ocho detenidos.
26 DÍAS DESPUÉS, LA CORTE SUPREMA ORDENÓ LIBERARLOS.
El 19 de octubre, la Corte Suprema acogió el recurso de amparo presentado por las defensas de los ocho imputados. Argumentó que en el fallo de la jueza de garantía de Temuco, Luz Arancibia, que ordenó la prisión preventiva de los comuneros, "hubo una falta de fundamentos que justifiquen la participación de los imputados en los hechos indagados por el Ministerio Público". En los días previos, el abogado Nicolás Toro, defensor de uno de los imputados, había señalado: "Creemos que esto es un montaje de inteligencia de la ANI (Agencia...
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