Aplazan audiencia para cerrar caso 27-F y familias de víctimas reclaman contra acuerdo de fiscalía
La sesión de ayer terminó con una fuerte protesta de los familiares de las víctimas en medio de la sala y frente a los acusados.
Dicha audiencia tenía como objetivo que el tribunal visara la suspensión condicional del juicio contra seis acusados por cuasidelito de homicidio en el maremoto de 2010, que había acordado el fiscal regional Occidente con las defensas.
Los seis imputados son: el ex subsecretario del Interior Patricio Rosende, la ex directora de la ONEMI Carmen Fernández, el ex jefe del Centro de Alerta Temprana Johaziel Jamett, y los ex funcionarios del SHOA Mariano Rojas, Andrés Enríquez y Mario Andina. Para cada uno de ellos, en su acusación la ex fiscal Solange Huerta había pedido una condena de 818 días.
En cambio, el acuerdo de suspensión propuesto por su sucesor, José Luis Pérez Calaf, dispone el pago de $235 millones (entre los seis) para reparar a las familias. Y la lectura de una explicación de qué fue lo que falló esa noche del 27 de febrero de 2010, último punto que no lograba convencer a los formalizados.
Sin embargo, fue el mismo Pérez Calaf quien en la audiencia solicitó una nueva fecha y hora al iniciarse la audiencia de ayer, luego que los abogados querellantes le hubieran advertido que lo manifestarían ante la jueza si él no procedía. El fiscal planteó que el cambio era "con el objeto de que todas las víctimas sean debidamente oídas (...), puedan ser debidamente emplazadas y ser escuchadas eventualmente en la petición de suspensión condicional".
De 104 víctimas fatales, 17 no tienen representación formal en la causa. El persecutor indicó que el Ministerio Público -a través de su Unidad de Victimas- se comunicó con ellos. "Algunos dijeron que iban a comparecer otros que no, pero creemos que el emplazamiento tiene que ser judicial", agregó.
Así, la jueza estableció que las víctimas que cuenten con abogados van a ser citadas por intermedio de ellos y las que no, deberán ser notificadas por cédula, debiendo exhortarse. Afirmó que es el Ministerio Público quien debe dar la "debida protección y asegurar la intervención a las respectivas victimas".
El fiscal Pérez Calaf también se comprometió a actualizar en 48 horas una nómina que había entregado a los intervinientes para saber qué víctimas tienen abogado y quiénes no.
La nueva audiencia fue fijada para el 4 de abril.
"Somos víctimas de Derechos Humanos"
Los familiares habían sido convocados a presenciar la sesión en la sala 103 del edificio C del Centro de Justicia...
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