Los antecedentes por los cuales la fiscalía formalizará a dos alcaldes y cuatro concejales
Ayer se pidió la formalización de 18 personas -entre ellas, dos alcaldes y cuatro concejales, que pertenecen a cuatro partidos políticos: DC, RN, UDI y PPD- por supuestamente haberse coludido para recibir sobornos de particulares para que empresarios se adjudicaran licitaciones en las comunas de Maipú y Cerro Navia, además de otras irregularidades.
En la presentación que realizó la fiscal de la causa, Tania Mora, ante el 9° Juzgado de Garantía de Santiago, se solicita que se fije una audiencia para la imputación de cargos por cinco delitos: asociación ilícita, cohecho, fraude al fisco, malversación de fondos públicos, y lavado de dinero de persona natural.
Entre las 18 personas que serán formalizadas están el alcalde de Maipú, Christian Vittori, quien pidió congelar su militancia en la DC, y el de Cerro Navia, Luis Plaza (RN), además de cuatro concejales de Maipú, Carlos Jara (PPD), Carol Bortnick (PPD), Antonio Neme (UDI) y el concejal Marcelo Torres (que congeló militancia en RN y que es además gerente de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Cerro Navia). A ellos se suma el ex concejal Carlos Richter (RN).
La indagación por presuntos pagos de "coimas" para la adjudicación de un relleno sanitario en Maipú se inició desformalizadamente en 2011, y posteriormente derivó en una arista en la comuna de Cerro Navia por la adjudicación, supuestamente irregular, de diversas licitaciones; entre ellas, mantención de luminarias y diversas obras.
En el caso del concejal Neme, se le comunicará que será investigado por cohecho de $15 millones por "obtener beneficios económicos" de la empresa ProActiva, que no se pudo presentar en Maipú, a través de facturas de terceras personas. Neme ha negado la imputación.
En la carpeta investigativa hay una veintena de informes de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac), a los que tuvo acceso "El Mercurio".
Estilo de vida de Plaza
Uno de los informes de la PDI -del 7 de enero de este año-, que tiene la fiscal Mora, concluye que funcionarios dedicados a la administración pública tenían por objeto malversar caudales públicos a través de la "adquisición de suministros, realización de servicios o ejecución de obras" y licitaciones.
Respecto de las interceptaciones telefónicas, se dice que se logra "observar el predominante control que posee el concejal Marcelo Torres respecto de las decisiones que el alcalde Plaza debería tomar (...) Se asume que Plaza conoce todas las maniobras, acciones...
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