A un año de las protestas, por primera vez hay figuras internacionales presionando a Maduro
Ese día hubo dos muertos en las movilizaciones. El gobierno reprimió las manifestaciones y en las siguientes semanas encarceló a cientos de personas. Una de ellas fue Leopoldo López. El líder opositor se entregó a la justicia el 18 de febrero acusado de incentivar la violencia. Las protestas, que dejaron 43 muertos, 486 heridos y 1.854 detenidos -según la Fiscalía General de la República-, se diluyeron en mayo, más por desgaste y por la represión que por las negociaciones auspiciadas por la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) que el 12 de marzo acordó enviar a Caracas una misión de cancilleres.
López sigue preso en la cárcel militar de Ramo Verde junto a otros dirigentes opositores a la administración de Nicolás Maduro, que durante los siguientes 12 meses ha visto cómo aumenta la presión internacional sobre su gobierno y las acusaciones de violar los derechos humanos.
"Ciertamente fue un error (reprimir las manifestaciones y encarcelar a López). Por una parte, la escala de la represión reveló el déficit de legitimidad del gobierno y además lo incrementó, ante los venezolanos y en el exterior", señala la internacionalista Elsa Cardozo.
La analista venezolana agrega que "distinto hubiese sido que desde las primeras protestas el gobierno propiciara espacios para dialogar y se agotaran las vías de la persuasión".
Es más, estima Cardozo, cuando se abrió la posibilidad de diálogo con la mediación de cancilleres de la Unasur, el gobierno "tampoco aprovechó la posibilidad de bajar la presión a través de medidas inmediatas de liberación de presos políticos e investigación seria de los crímenes, torturas y apresamientos".
"El gobierno dejó en descubierto que está dispuesto a todo para mantenerse en el poder, incluida la represión brutal de las protestas protagonizadas por estudiantes y miembros de la sociedad civil", señala Diego Moya-Ocampos, analista para América Latina de IHS experto en Venezuela.
Este mes el Ministerio de la Defensa aprobó una resolución que autoriza a las Fuerzas Armadas a utilizar armas de fuego para controlar protestas. "Esto, a pesar de que está prohibido por la Constitución, lo que deja en evidencia que el gobierno ve a la población civil desarmada que protesta en contra de la escasez, el desabastecimiento de productos básicos y la inflación como un enemigo al cual debe neutralizar", estima el abogado venezolano.
Para Moya-Ocampos, el gobierno entiende que el descontento social es muy alto y que "puede reflejarse en...
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