Gobierno evaluó que alcaldes no serían capaces de bajar las 'tomas' y autorizó el desalojo
Simultáneamente, un contingente de policías inició el desalojo de 29 establecimientos educacionales que estaban tomados en el país y que deben funcionar como locales de votación.
Fue el corolario de una planificación que el Ministerio del Interior había iniciado el lunes. Un plan cuidadosamente diseñado, que contempló no usar funcionarios de Fuerzas Especiales, que en los colegios de mujeres interviniera contingente femenino, exclusivamente, y en aquellos mixtos, hombres y mujeres.
La decisión de actuar ayer de madrugada se adoptó luego que el ministro Andrés Chadwick sostuviera intensas reuniones con las dos asociaciones de alcaldes. Se siguieron de cerca las negociaciones de los jefes comunales con los dirigentes estudiantiles. Incluso, el intendente Juan Antonio Peribonio y comisarios de las unidades con jurisdicción en las "tomas" dialogaron con los alcaldes y líderes del movimiento.
Pero se llegó al convencimiento de que la vía de la persuasión sería inútil, porque la ocupación de los 21 establecimientos de la capital estaba dirigida por grupos radicales "que dilataban, pero no estaban dispuestos a ceder", se explicó.
Informe en derecho
El tiempo jugaba en contra y la propuesta de designar nuevos locales era inviable (ver recuadro). Antes de optar por el desalojo, se analizaron los aspectos legales. Una expulsión de este tipo, según la ley, debía ser autorizada por el sostenedor del colegio en toma, en este caso el alcalde. Y Chadwick fue notificado de que no recibiría esa venia.
Por ello apelaron a una modificación al artículo 131 de la Ley Orgánica de Votaciones Populares y Escrutinios, aprobada el 4 de abril de este año, que señala "igual pena sufrirá el que perturbare el orden en el recinto en que funcione una junta, mesa receptora o colegio escrutador, o en sus alrededores, con el fin de impedir su funcionamiento, desde los diez días anteriores a la fecha de la elección o plebiscito".
En virtud de esa modificación, los intendentes presentaron el miércoles por la tarde una denuncia por escrito ante Carabineros, lo que permitió que estos actuaran. Y a las 7 de la mañana de ayer la ratificaron ante las fiscalías respectivas.
La acción coordinada permitió que 17 de los 21 establecimientos de Santiago fueran entregados voluntariamente.
La resistencia más violenta se encontró en el Liceo Darío Salas. Allí, los policías fueron atacados con extintores y proyectiles. E incluso, se encontró un cable galvanizado atado entre dos semáforos...
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