Agenda de seguridad: los peligros de legislar apresuradamente - 3 de Abril de 2023 - El Mercurio - Noticias - VLEX 927524287
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Agenda de seguridad: los peligros de legislar apresuradamente

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Vincent

El cobarde asesinato de dos carabineros en los últimos días ha precipitado una "crisis de seguridad", caracterizada por una intensificación de las demandas ciudadanas hacia los poderes del Estado en cuanto al combate de la delincuencia. Igual como ocurre en muchos otros ámbitos, en lugar de adoptar medidas concretas para mejorar el funcionamiento de las instituciones y la aplicación de las leyes vigentes, el sistema político ha reaccionado impulsando nuevos y simbólicos proyectos de ley. De entre ellos, unos pocos apuntan a resolver problemas operativos allí donde realmente aprieta el zapato. Este es el caso del proyecto que faculta a Gendarmería para realizar labores investigativas al interior de los penales y del que define un procedimiento claro de detención, identificación y remisión a la autoridad competente en el caso de infracciones migratorias. Otros proyectos establecen incrementos de pena de muy dudosa eficacia, sea porque las penas ya son suficientemente altas, sea porque la rigidez de su imposición a todo evento hará que, allí donde sean muy desproporcionadas, los tribunales se inclinen razonablemente por la absolución.La reforma más controvertida está en el proyecto conocido como Nain-Retamal, y tiene por objeto establecer un criterio claro sobre el uso de la fuerza letal por parte de los carabineros, un asunto que se ha vuelto muy problemático en los últimos años. La propuesta escoge hacerlo por la vía de regular una legítima defensa "privilegiada" en el mismo Código Penal, junto a la legítima defensa a la que tiene derecho cualquier ciudadano. Concretamente, se prevé que cuando concurran ciertas circunstancias -por ejemplo, que la agresión contra el carabinero se realice con armas y tenga el potencial de producir lesiones graves, o que provenga de dos o más personas y a juicio del funcionario tenga alguna potencialidad lesiva-, entonces se presumirá que concurren todos los requisitos de la legítima defensa, salvo prueba en contrario.Esta propuesta presenta muchos problemas técnicos y de política criminal. Entre otros, equipara el uso de fuerza letal por parte de los funcionarios con la defensa de cualquier ciudadano ante una agresión ilegítima. Esto es inadecuado, porque la regulación del Código Penal asume que el agresor y el que se defiende...

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