Acusación constitucional: los límites de una estrategia - 26 de Agosto de 2018 - El Mercurio - Noticias - VLEX 737407201
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Acusación constitucional: los límites de una estrategia

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Vincent

Disgregada y aún sin recuperarse del golpe que le significó su derrota electoral, la oposición parecía haber encontrado en el sensible tema de los derechos humanos un factor de unidad que suplía la falta de un proyecto común. Ello le permitió complicar al Gobierno a raíz del episodio del Museo de la Memoria y la renuncia de Mauricio Rojas apenas 72 horas después de haber asumido como ministro de las Culturas. La presentación esta semana de la anunciada acusación constitucional contra tres jueces de la Corte Suprema ha mostrado, sin embargo, los límites de ese camino.Los reparos manifestados por diputados DC y radicales, y el claro rechazo por parte de abogados y otras figuras lo evidencian: no toda la centroizquierda está dispuesta a sumarse a una acción política que amenaza la independencia del Poder Judicial y pone en cuestión el principio democrático de la separación de poderes. La incuestionable trayectoria en materia de defensa de los derechos humanos que pueden mostrar muchos de esos críticos, y el papel jugado por los propios ministros acusados en la investigación de casos emblemáticos, frustran a su vez el intento por polarizar artificialmente el debate en torno al tema.Así ha quedado evidenciado el alcance de la acusación: el uso de una facultad parlamentaria para fines que la desnaturalizan, con el consecuente tensionamiento de la institucionalidad. El que algún congresista de centroderecha haya sugerido un eventual apoyo al libelo como forma de remover a jueces de cuya línea discrepa solo confirma aquello y da razón a la dura advertencia de la Corte Suprema, en cuanto a que lo verdaderamente amenazado por esta acción es "la garantía de los ciudadanos de contar con un juez independiente e imparcial".Crítica política con categorías penalesComplejo es también lo que ocurre en el caso del subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo. El funcionario ha sido sometido a un duro ataque a partir de cuestionamientos formulados por la familia del ex Presidente Frei Montalva, cuya muerte investiga el juez Madrid. Es evidente que los funcionarios públicos están sometidos a un estándar de conducta que va más allá de lo estrictamente legal. Sin embargo, Castillo -que declaró como testigo en ese caso y que hasta aquí no ha sido objeto de imputación alguna- enfrenta una agresiva ola de crítica política que se apoya en categorías penales, como atribuirle el carácter de encubridor o la realización de hechos directamente punibles. Si ello...

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