Abogados de juez Urrutia y de ministros de Corte suman escritos cruzados tras querella - 23 de Abril de 2022 - El Mercurio - Noticias - VLEX 901189402
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Abogados de juez Urrutia y de ministros de Corte suman escritos cruzados tras querella

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Vincent

La querella por prevaricación judicial "contra quienes resulten responsables" que ingresó esta semana el juez de garantía Daniel Urrutia provocó la presentación de una serie de escritos cruzados. De un lado, los de su abogada María Izquierdo y, del otro, los de la Defensoría Metropolitana Norte, que representa a una veintena de ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago.Eso, porque la acción penal se da por la decisión adoptada por los magistrados que, integrando el pleno del tribunal de alzada capitalino, revirtieron una resolución dictada por el juez en una causa por desórdenes públicos, ocurridos en marzo de 2020, en el contexto del estallido.Urrutia reemplazó, de oficio, la prisión preventiva por arresto domiciliario a un grupo de imputados, a pesar de que la Corte había fallado en contrario. Y esta, además de revocar esa decisión, dispuso la instrucción de un sumario y la destinación transitoria del magistrado a un juzgado de cobranza laboral.Por qué darle o no curso a la querellaA la querella de Urrutia le siguió una solicitud de la defensa para que el 7º Juzgado de Garantía de Santiago la declarara inadmisible -argumentándose, entre otras cosas, que el magistrado no podía convertirse en víctima por habérsele revocado una resolución- y, a este escrito, a su vez, le sucedió uno de la abogada Izquierdo.Se había cuestionado la legitimidad activa de su cliente y, en su presentación, la profesional sostiene que la actual redacción del inciso segundo del artículo 111 del Código Procesal Penal, al contemplar la acción penal popular, reseña: "También se podrá querellar cualquier persona capaz de parecer en juicio domiciliada en la provincia, respecto de hechos punibles cometidos en la misma, que constituyeren delitos terroristas o delitos cometidos por un funcionario público, que afectaren derechos de las personas garantizados por la Constitución o contra la probidad pública".Para Izquierdo, tales exigencias se darían en este caso, ya que "el querellante Daniel Urrutia tiene domicilio en la provincia, donde ocurrieron los hechos materia de la querella; los investigados son funcionarios públicos, y el delito investigado afecta tanto derechos de las personas garantizados por la Constitución, como la probidad pública. Los hechos investigados afectan la libertad de las personas, garantizado tanto por la Constitución, como por los tratados internacionales".Esto último, porque el caso que inició la controversia entre el juez y la Corte tenía...

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