Abogados apuntan falta de control estatal sobre policías, advierten mal uso de profesión legal y que los "costos los asume la sociedad"
| Fecha de publicación | 16 Marzo 2024 |
Distintas implicancias, o ángulos de análisis, tiene el descubrimiento de conversaciones entre el exdirector general de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, y el abogado Luis Hermosilla.
La fiscalía formalizará al líder de la institución por delitos de violación de secreto, luego de, en el marco del caso Audio, acceder al teléfono del penalista, donde se habrían encontrado antecedentes que dan cuenta de que había traspaso de información reservada sobre algunas investigaciones, entre ellas, la del antecesor de Muñoz, Héctor Espinosa, a quien se le acusa de delitos como malversación de caudales públicos, lavado de dinero y falsificación de instrumento público, donde fue defendido por Hermosilla y que, al menos en el requerimiento presentado en el Tribunal Cosntitucional, sigue siendo representado por un abogado perteneciente a su estudio jurídico.
Por un lado, la situación enciende alarmas respecto de la probidad al interior de las instituciones públicas y, en específico, de las policías, pues tanto en Carabineros como en la PDI se han descubierto fraudes económicos durante los últimos años, pero se trataría del primer caso reciente en que una máxima autoridad entrega información reservada a un abogado.
En esta línea, el hecho agrava la situación particular de Hermosilla, además de significar un nuevo golpe al correcto ejercicio de la profesión de abogado, pues se suma a las frases expresadas por el penalista en el audio conocido en noviembre de 2023, donde habla de pagos de sobornos a empleados del Servicio de Impuestos Internos, entre otros delitos.
Lealtad "con exdirector y no con la ley"
Consultado por este medio, el abogado penalista y académico de la Universidad Diego Portales Cristián Riego, señala que de ser efectivo que era información relativa a la causa de Espinosa, "significaría que al menos la cúpula de la institución cree que su lealtad está con su exdirector y no con la ley, lo cual es muy grave porque eso quiere decir que la institución vería que estas malas prácticas, aprovecharse de los fondos fiscales y otras situaciones, son prácticamente derechos de los directores o de los jefes de la institución y, por lo tanto, estarían buscando protegerlo".
En esta línea, agrega que el caso pone en relevancia que "el Congreso, el Gobierno, no tienen la fuerza para ejercer un control a través de los respectivos ministerios, o en el caso del Congreso, a través de las investigaciones parlamentarias, ni tampoco tienen ningún incentivo para ejercerlo...
La fiscalía formalizará al líder de la institución por delitos de violación de secreto, luego de, en el marco del caso Audio, acceder al teléfono del penalista, donde se habrían encontrado antecedentes que dan cuenta de que había traspaso de información reservada sobre algunas investigaciones, entre ellas, la del antecesor de Muñoz, Héctor Espinosa, a quien se le acusa de delitos como malversación de caudales públicos, lavado de dinero y falsificación de instrumento público, donde fue defendido por Hermosilla y que, al menos en el requerimiento presentado en el Tribunal Cosntitucional, sigue siendo representado por un abogado perteneciente a su estudio jurídico.
Por un lado, la situación enciende alarmas respecto de la probidad al interior de las instituciones públicas y, en específico, de las policías, pues tanto en Carabineros como en la PDI se han descubierto fraudes económicos durante los últimos años, pero se trataría del primer caso reciente en que una máxima autoridad entrega información reservada a un abogado.
En esta línea, el hecho agrava la situación particular de Hermosilla, además de significar un nuevo golpe al correcto ejercicio de la profesión de abogado, pues se suma a las frases expresadas por el penalista en el audio conocido en noviembre de 2023, donde habla de pagos de sobornos a empleados del Servicio de Impuestos Internos, entre otros delitos.
Lealtad "con exdirector y no con la ley"
Consultado por este medio, el abogado penalista y académico de la Universidad Diego Portales Cristián Riego, señala que de ser efectivo que era información relativa a la causa de Espinosa, "significaría que al menos la cúpula de la institución cree que su lealtad está con su exdirector y no con la ley, lo cual es muy grave porque eso quiere decir que la institución vería que estas malas prácticas, aprovecharse de los fondos fiscales y otras situaciones, son prácticamente derechos de los directores o de los jefes de la institución y, por lo tanto, estarían buscando protegerlo".
En esta línea, agrega que el caso pone en relevancia que "el Congreso, el Gobierno, no tienen la fuerza para ejercer un control a través de los respectivos ministerios, o en el caso del Congreso, a través de las investigaciones parlamentarias, ni tampoco tienen ningún incentivo para ejercerlo...
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