A 20 años del primer traspaso de tierras, 88% de los mapuches prefiere que predios se asignen a la familia y no a la comunidad
Desde entonces, el Estado ha desembolsado $204 mil millones en compra de predios -equivalentes a 210 mil hectáreas productivas- para transferirlos a familias y comunidades que se identifican como pertenecientes a algún pueblo originario.
Pese a esta inversión, el conflicto mapuche del Biobío al sur no decae y prueba de ello es que el gobierno de Michelle Bachelet está embarcado en el diseño de una nueva institucionalidad para abordar la relación entre el Estado y los pueblos originarios.
Al cumplirse veinte años desde que comenzó la política de entrega de tierras, la Fundación Aitue -organización creada al alero de CorpAraucanía- presentó los resultados del estudio "Población Mapuche Regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos", realizado entre el 1 de agosto y el 13 de septiembre de 2013 y que abarcó 1.211 encuestas en terreno aplicadas a mayores de 18 años que se autodefinen como mapuches.
Según el director ejecutivo de la Fundación Aitue, Nicolás Figari, la Ley Nacional de Desarrollo Indígena cumplió un rol importante, pero claramente no se ajusta a la realidad de hoy.
Un juicio similar existe en el Gobierno: La creación del Ministerio de Pueblos Indígenas cerrará el ciclo de la institucionalidad creada hace veinte años, señala la ministra de Desarrollo Social, Fernanda Villegas, quien adelanta que esa nueva secretaría de Estado tendrá el rol de diseñar y coordinar políticas públicas, podrá disponer de capacidad de interlocutory tendrá iniciativa legislativa. Esto marcará una fuerte diferencia con la actual Conadi, que es un servicio dependiente y con competencias que se reducen, principalmente, a la ejecución de programas como la adquisición de tierras.
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El Estado utiliza dos mecanismos para asignar tierras a la población mapuche: subsidios familiares para la compra de tierra -asimilables a un subsidio habitacional- y la adquisición directa por parte del fisco de predios en conflicto, los que son asignados a las comunidades que los demandan, tengan o no títulos de merced. En este caso, se trata de títulos de propiedad colectiva.
Esta es una de las políticas que, según el estudio de la Fundación Aitue, está más alejada de los requerimientos de la población mapuche.
El 88,2% de los encuestados entre el Biobío y Los Lagos señaló que las tierras deberían asignarse a cada familia, y solo 10,7%, a la comunidad.
Esto tiene una explicación práctica: un...
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