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Sentencia nº Rol 12614-21 de Tribunal Constitucional, 12 de Julio de 2022

Fecha12 Julio 2022

REPÚBLICA DE CHILE

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

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Sentencia

Rol 12.614-2021

[12 de julio de 2022]

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REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DEL ARTÍCULO 248, LETRA C), DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL

N.N.A.S.V., M.D.P.B.I., E INVERSIONES LOS PUMAS LIMITADA

EN EL PROCESO PENAL RUC N° 2010018125-9, RIT N° 289-2020, SEGUIDO ANTE EL JUZGADO DE LETRAS Y GARANTÍA DE PUERTO NATALES

VISTOS:

Que, con fecha 17 de diciembre de 2021, N.N.A.S.V., M.d.P.B.I., e Inversiones Los Pumas Limitada han presentado un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 248, letra c), del Código Procesal Penal, para que ello incida en el proceso penal RUC N° 2010018125-9, RIT N° 289-2020, seguido ante el Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Natales.

Precepto legal cuya aplicación se impugna:

El texto del precepto impugnado dispone:

Código Procesal Penal

Artículo 248.- Cierre de la investigación. Practicadas las diligencias necesarias para la averiguación del hecho punible y sus autores, cómplices o encubridores, el fiscal declarará cerrada la investigación y podrá, dentro de los diez días siguientes:

(…)

c) Comunicar la decisión del ministerio público de no perseverar en el procedimiento, por no haberse reunido durante la investigación los antecedentes suficientes para fundar una acusación.

(…)

.

Síntesis de la gestión pendiente y del conflicto constitucional sometido al conocimiento y resolución del Tribunal

La parte requirente indica la gestión judicial pendiente en que incide la acción de inaplicabilidad es una investigación que se inicia por querella dirigida en contra en contra de J.I.G.S., en calidad de representante legal de la Sociedad Inmobiliaria e Inversiones Sur Limitada, por los delitos de usurpación no violenta previsto y sancionado en el artículo 458, y el delito de destrucción o alteración de deslindes previsto y sancionado en el artículo 462, todos del Código Penal, perjudicando a los actores en una parte del terreno de su propiedad.

Explica que, sin perjuicio de lo anterior y las diligencias pedidas por los actores, el Ministerio Público, sin esperar a que se evacuaran todas las diligencias y desarrollar una investigación completa de los hechos, solicitó la comunicación de la decisión de no perseverar de la causa, la que se programó para el 4 de enero de 2022, ante el Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Natales, no obstante encontrarse pendiente el proceso e investigación seguido ante la Fiscalía Local de Puerto Natales.

Señala que accionan de inaplicabilidad en el caso concreto en consideración a que el Ministerio Público no sólo no ha formalizado, como lo exige el artículo 248 (uno de los efectos de la comunicación es dejar sin efecto la formalización ) a fin de evitar que haga un ejercicio irracional de la facultad de no perseverar, habida cuenta que no ha agotado la investigación, y aun así existen antecedentes para formalizar la investigación, de manera que no puede sostener que no ha logrado reunir los antecedentes necesarios para formular una acusación, si no ha investigado lo que se necesita para acusar, vulnerando los derechos constitucionales de los querellantes – víctimas.

Refiere que la aplicación que está haciendo el Ministerio Publico de la facultad establecida en el artículo 248, letra c), del Código Procesal Penal y cuya resolución está pendiente, contraviene en su aplicación el derecho constitucional a ejercer la acción penal y, consecuencialmente, la exigencia constitucional de racionalidad y justicia del procedimiento.

Argumenta la requirente que la Constitución, al menos desde la introducción del actual artículo 83, mediante la Ley de Reforma Constitucional N° 19.519, reconoce a la víctima de un delito el derecho a ejercer la acción penal, derecho que se ve reafirmado como derecho constitucional con la reforma constitucional introducida mediante la Ley N° 20.516, que modificó el artículo 19 N° 3.

Explica que de las normas citadas, se desprende que: a) el ofendido o víctima tiene igualmente -que el Ministerio Público- el derecho constitucional de ejercer la acción penal; b) el referido derecho se conecta con las garantías del debido proceso (aunque la Constitución no se refiera a ellas en dichos términos); y c) el derecho a ejercer la acción penal, supone necesariamente para su eficacia, el derecho a sostenerla (de otro modo tornaría en ilusoria), lo que tiene aplicación y proyección tanto en la etapa de investigación como en la etapa intermedia y de juicio oral.

Refiere que los principios enunciados se proyectan en la legislación procesal penal, entendiéndose en ella que el derecho al ejercicio de la acción penal no sólo cubre, para el ofendido o víctima, la posibilidad de deducir querella, sino también el de adherirse a la acusación fiscal, presentar acusación particular e, incluso, forzar la acusación, en aquellos casos en que el querellante se opone a la solicitud de sobreseimiento formulada por el Fiscal, mecanismo mediante el cual el Juez de Garantía dispone la revisión de la decisión del Fiscal de la causa por el Fiscal Regional y, en caso de que este último ratifique la decisión del Fiscal, permite al Juez disponer que sea el propio querellante el que acuse en lugar del Fiscal.

Desarrolla la actora que la víctima no tiene mayores obstáculos para deducir querella y tampoco los tiene para acusar particularmente e incluso forzar la acusación (en cuanto se contempla un mecanismo de control jurisdiccional que permite zanjar la discrepancia de criterios con el Ministerio Público). Sin embargo, el diseño procesal adolece de una dificultad notoria, desde el punto de vista del derecho constitucional al ejercicio de la acción penal por la víctima. Esta dificultad radica en casos como sucede en la gestión pendiente, en que el Ministerio Publico decide no perseverar en la investigación, sin haber previamente formalizado la misma.

Así, añade, se priva al querellante la posibilidad de ejercer la acción penal pública a la cual tiene derecho consagrado en la Constitución. Al obrar de este modo se impide la posibilidad de acusar o forzar la acusación lo que resulta imprescindible para continuar el procedimiento y darle eficacia al ejercicio de la acción penal.

Explica que el Fiscal, a través de una negativa formalizar, sumado en el presente caso a la adopción de la decisión de no perseverar en el procedimiento, impide del todo la continuación del proceso criminal, vedando al querellante una forma de ejercicio de la acción penal, como es la de acusar o forzar la acusación, lo que hace ilusorio el igual ejercicio de la acción penal, reconocido como derecho constitucional del ofendido en los arts. 83 y 193 de la Constitución. Es decir, el ejercicio de la facultad contemplada en el artículo 248 letra c) del Código Procesal Penal, ha provocado efectos contrarios a la Constitución.

Existiendo un querellante privado, precisa la actora que la facultad exclusiva para investigar que tiene el Ministerio Publico, reconocida constitucionalmente, no le confiere a aquel una posición prevalente respecto del querellante privado en el ejercicio de la acción penal. En este sentido, el actuar del órgano persecutor e investigador tendrá como límite el reconocimiento de que la víctima es también titular del derecho a la acción penal. Este mandato constitucional requiere para que sea efectivo que se contemplen y apliquen medidas de control judicial, que limitando un eventual actuar arbitrario del Ministerio Publico, hagan factible la interposición de una acusación por parte del querellante privado. Es decir, el querellante privado si puede representar el interés público que implica llevar adelante la pretensión punitiva a través de la acusación particular.

De las consideraciones anteriores fluye, explica, que no se satisface el mandato constitucional del artículo 83, inciso segundo, de la Constitución, referido al derecho a la acción penal por parte del ofendido, cuando el Ministerio Publico, sin mediar control judicial de fondo, y sin previa formalización, decide por sí el término de la acción penal y del procedimiento judicial. Lo anterior por cuanto, al obrar de este modo impide por su sola voluntad que la víctima y querellante continúen con la acción penal, ante la judicatura.

Tramitación

El requerimiento fue acogido a trámite por la Segunda Sala con fecha 29 de diciembre de 2021, a fojas 36, disponiéndose la suspensión del procedimiento.

Se resolvió la admisibilidad por resolución de la misma Sala de 18 de enero de 2022, a fojas 84, confiriéndose traslados sobre el fondo del asunto.

A fojas 92, en presentación de 9 de febrero de 2022, el Ministerio Público evacuó traslado y solicitó el rechazo del requerimiento.

El persecutor penal público señala que el precepto objetado contenido en el artículo 248 letra c) del Código Procesal Penal, recoge una de las tres opciones que surgen para el Fiscal del Ministerio Público una vez que ha cerrado la...

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