Sentencia nº Rol 11368-21 de Tribunal Constitucional, 8 de Septiembre de 2021 - Jurisprudencia - VLEX 875621324

Sentencia nº Rol 11368-21 de Tribunal Constitucional, 8 de Septiembre de 2021

Fecha de Resolución 8 de Septiembre de 2021
EmisorTribunal Constitucional

REPÚBLICA DE CHILE

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

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Sentencia

Rol 11.368-2021

[8 de septiembre de 2021]

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REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DE LA EXPRESIÓN “EN FORMA ABSOLUTA”, CONTENIDA EN EL ARTÍCULO , INCISO SEGUNDO, DE LA LEY N° 21.226

VISTOS:

A fojas 1, J.C.B.R. acciona de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de la expresión “en forma absoluta”, contenida en el artículo , inciso segundo, de la Ley N° 21.226, que establece un régimen jurídico de excepción para los procesos judiciales, en las audiencias y actuaciones judiciales, y para los plazos y ejercicio de las acciones que indica, por el impacto de la enfermedad Covid-19 en Chile, en el proceso penal RUC N° 1600572057-9, RIT N° 179-2020, seguido ante el Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago.

Precepto legal impugnado:

El precepto legal impugnado dispone:

“Ley N° 21.226

Artículo 9°.- En los procedimientos judiciales en trámite ante las Cortes de Apelaciones o ante la Corte Suprema, durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, declarado por decreto supremo Nº 104, de 18 de marzo de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y el tiempo en que este sea prorrogado, podrá solicitarse por alguna de las partes o intervinientes, la suspensión de la vista de la causa o de la audiencia, alegando cualquier impedimento generado por la calamidad pública o por la emergencia sanitaria, ocasionadas por la enfermedad COVID-19.

En las causas de los procedimientos contemplados en el Código Procesal Penal y en el Código de Procedimiento Penal, en que hubiere persona privada de libertad, solo se podrá alegar la causal del inciso primero cuando el impedimento obstaculice en forma absoluta que alguna de las partes o intervinientes pueda ejercer las facultades que la ley le otorga.”.

(…).

Síntesis de la gestión pendiente

El requirente se encuentra acusado como autor del delito de tráfico ilícito de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas, encontrándose pendiente de realización audiencia de juicio oral en su contra.

Conflicto constitucional sometido al conocimiento y resolución del Tribunal

La parte requirente afirma que el precepto legal impugnado infringe el artículo 193, inciso sexto, de la Constitución Política, toda vez que las dificultades prácticas que implica la realización de un juicio oral penal no presencial alteran la calidad de la información de la prueba que se pretende incorporar a juicio. En la medida que se excluye la inmediación propia de un juicio oral, a consecuencia de que la norma impugnada obliga a hacerlo, además, el acusado se ve expuesto necesariamente a un juicio de menor calidad, vulnerando el derecho a un proceso previo legalmente tramitado, racional y justo.

Agrega que el precepto legal impugnado infringe el artículo 193, inciso segundo, de la Constitución Política, desde que para asegurar el respeto a las garantías de la persona imputada que se enfrenta a un proceso penal, debe existir una comunicación permanente entre el acusado y su abogado defensor, especialmente en la audiencia de juicio oral. La disposición cuestionada posiciona al acusado en una situación de indefensión, sin la debida compañía y asesoramiento del letrado, que es imprescindible para poner al acusado en posición de poder hacer valer su defensa en forma efectiva. Se añade que la norma cuestionada sólo permite suspender audiencias de juicios orales en casos de limitantes que cercenen el derecho a defensa de forma radical, elevando el estándar para pedir suspensión hasta el punto de que derechamente se deba enfrentar una imposibilidad física para su ejercicio, lo que contraría asimismo la preceptiva constitucional referida, al obligar al requirente a enfrentar un juicio oral sin plenitud de derechos, restringiendo y vulnerando en consecuencia el real ejercicio de la defensa material. Atendido los ritmos y velocidades que tienen los juicios orales, se genera con las audiencias remotas la imposibilidad de intervenir adecuadamente en juicio, porque hay elementos de hecho cuya controversia pudiese provenir del imputado, para luego ser plasmada por la defensa en el contraexamen de testigos o peritos, conforme a la teoría del caso de la defensa.

Además, se sostiene que el precepto legal impugnado infringe el artículo 192 de la Constitución Política, toda vez que de las vulneraciones al derecho a defensa y al debido proceso anotadas precedentemente, se deriva que el acusado en definitiva enfrenta un enjuiciamiento en desventaja respecto de cualquier otro acusado que tenga la oportunidad de enfrentar el juicio oral en forma presencial, estableciéndose así una diferencia arbitraria y carente de parámetros objetivos a su respecto.

Admisión a trámite, admisibilidad y observaciones de fondo al requerimiento

El requerimiento se acogió a trámite y declaró admisible por resoluciones de la Segunda Sala de este Tribunal Constitucional, oportunidad procesal en que fue decretada la suspensión del procedimiento en la gestión pendiente en que incide.

Conferidos los traslados sobre el fondo a los órganos constitucionales interesados, así como a las partes de la gestión pendiente, no fueron formuladas observaciones por el Ministerio Público.

Vista de la causa y acuerdo

Con fecha 26 de agosto de 2021 se verificó la vista de la causa, oyéndose la relación pública y los alegatos certificados por el relator, quedando adoptado el acuerdo con la misma fecha.

Y CONSIDERANDO:

  1. ANTECEDENTES PRELIMINARES. CASO CONCRETO Y CUESTIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD.

Primero

Que, F.A.G.L., abogado, en representación de don J.C.B.R., dedujo requerimiento de Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad respecto del artículo 9, inciso segundo de la Ley Nº 21.226, que establece un régimen Jurídico de Excepción para procesos judiciales, en las audiencias y actuaciones judiciales, y para los plazos y ejercicio de las acciones que indica, por el impacto de la enfermedad COVID-19 en Chile.

Segundo

Que, conforme al certificado emitido por el 6º Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, como consta a foja 32, de fecha 02 de junio del año 2021, se certifica que la causa RIT Nº 179/2020, seguida en contra del acusado por el delito de tráfico de estupefacientes, se encuentra en estado de tramitación y la audiencia de Juicio Oral se encontraba programada para el día 26 de julio del 2021. Asimismo, se certificó que el acusado se encuentra sujeto a la medida cautelar de arresto domiciliario total, desde el día 05 de abril del 2019.

Tercero

En este sentido, cabe hacer presente que el actor intenta que se declare la INA de la expresión “en forma absoluta”, contenida en el inciso segundo del artículo 9, de la Ley Nº 21.226.

Para ello, la requirente aduce -a foja 07- que es un hecho indiscutido que la realización del juicio por videoconferencia acarrea dificultades para el ejercicio pleno de los derechos del acusado; especialmente considerando que la teoría del caso de la defensa implica que el acusado preste declaración ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, lo que en este caso implica que el acusado preste su declaración desde el Complejo Penitenciario de Valparaíso, con todos los problemas de ruido ambiental y de conectividad que deberá enfrentar para entregar su declaración como medio de defensa. A., que la circunstancia de declarar desde dicho Complejo, además, rompe con su derecho de presenciar su juzgamiento de forma correcta. G. no posee, según precisa, instalaciones preparadas o específicas para que el acusado pueda presenciar su juicio, pues en ellas circula el resto de los imputados que deben comparecer en otras audiencias, lo cual afectaría la comprensión del desarrollo de la audiencia.

Agrega, que mediante esta modalidad se debilita la posibilidad de poder conferenciar con su defensor durante el juicio, pues el acusado se encuentra en el Complejo Penitenciario y su defensor en la oficina o en su domicilio. Fundamento ello, indicando que “el Tribunal cuando el acusado quisiera aportar algún antecedente que surja de la información de la prueba que se esté rindiendo, puede hacer un receso para que conferencie con su abogado, lo cierto es que, si se trata de una información que se quiera aportar para un contra examen de un testigo de cargo, ésta ya será extemporánea, lo cual implica entender que se le impide incluso el ejercicio de su propia defensa”.

De tal modo, estima que, de realizarse la audiencia de forma remota, se tratará de un juicio absolutamente adversarial y contradictorio, pues resultará particularmente relevante poder contra examinar a los testigos ofrecidos por el Ministerio Público y –eventualmente poder utilizar las herramientas contempladas en el artículo 332 del Código Procesal Penal (lectura de declaraciones previas del testigo, como apoyo de memoria o para evidenciar...

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