Sentencia nº Rol 3545-17 de Tribunal Constitucional, 5 de Octubre de 2017

Santiago, cinco de octubre de dos mil diecisiete.

VISTOS:

El día 2 de junio de 2017, ingresado a esta M. con igual fecha, a fojas 1 y, luego de fojas 27 a 30, la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Talca, a través de la Ministra señora O.M.M. y del abogado integrante señor Diego Palomo Vélez, ha requerido ante esta M. un pronunciamiento respecto de la inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la Ley N° 18.216, para que surta efectos en el proceso penal causa RUC 1600311890-1, RIT 130-2016, seguido ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de L. y, que se sustancia actualmente ante la enunciada Corte de Apelaciones de Talca, bajo el Rol 510-2017 RPP.

Preceptos legales cuya aplicación se impugna.

El texto de los preceptos legales impugnados dispone:

Ley N° 18.216.

Título Preliminar.

Artículo 1°.- La ejecución de las penas privativas o restrictivas de libertad podrá sustituirse por el tribunal que las imponga, por alguna de las siguientes penas:

a) Remisión condicional.

b) Reclusión parcial.

c) Libertad vigilada.

d) Libertad vigilada intensiva.

e) Expulsión, en el caso señalado en el artículo 34.

f) Prestación de servicios en beneficio de la comunidad.

No procederá la facultad establecida en el inciso precedente ni la del artículo 33 de esta ley, tratándose de los autores de los delitos consumados previstos en los artículos 141, incisos tercero, cuarto y quinto; 142, 361, 362, 372 bis, 390 y 391 del Código Penal; en los artículos 8º, 9º, 10, 13, 14 y 14 D de la ley Nº17.798; o de los delitos o cuasidelitos que se cometan empleando alguna de las armas o elementos mencionados en las letras a), b), c), d) y e) del artículo 2º y en el artículo 3º de la citada ley Nº17.798, salvo en los casos en que en la determinación de la pena se hubiere considerado la circunstancia primera establecida en el artículo 11 del mismo Código.

En ningún caso podrá imponerse la pena establecida en la letra f) del inciso primero a los condenados por crímenes o simples delitos señalados por las leyes números 20.000, 19.366 y 18.403. No se aplicará ninguna de las penas sustitutivas contempladas en esta ley a las personas que hubieren sido condenadas con anterioridad por alguno de dichos crímenes o simples delitos en virtud de sentencia ejecutoriada, hayan cumplido o no efectivamente la condena, a menos que les hubiere sido reconocida la circunstancia atenuante prevista por el artículo 22 de la ley Nº 20.000.

Tampoco podrá el tribunal aplicar las penas señaladas en el inciso primero a los autores del delito consumado previsto en el artículo 436, inciso primero, del Código Penal, que hubiesen sido condenados anteriormente por alguno de los delitos contemplados en los artículos 433, 436 y 440 del mismo Código.

Para los efectos de esta ley, no se considerarán las condenas por crimen o simple delito cumplidas, respectivamente, diez o cinco años antes de la comisión del nuevo ilícito.

Igualmente, si una misma sentencia impusiere a la persona dos o más penas privativas de libertad, se sumará su duración, y el total que así resulte se considerará como la pena impuesta a efectos de su eventual sustitución y para la aplicación de la pena mixta del artículo 33.

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Síntesis de la gestión pendiente.

En relación con la gestión judicial en que incide el requerimiento, el Tribunal requirente expone que se sustancia en su judicatura recurso de nulidad con apelación subsidiaria respecto de una sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de L.. Efectuada la vista de estilo, suspendió el estado de acuerdo para derivar los antecedentes a esta M. y requerir la declaración de inaplicabilidad ya enunciada.

Conflicto constitucional sometido al conocimiento y resolución del Tribunal.

El Tribunal requirente enuncia que la norma reprochada, conforme fue expuesto por el recurrente de nulidad, contraviene lo dispuesto en los artículos 1° y 19 numerales 2° y 3°, inciso sexto, de la Constitución Política, en razón de que se estaría en presencia de una iferencia de trato entre personas que se encuentran en una situación similar, careciendo de fundamentos razonables y objetivos para ello, por lo que ésta se torna inidónea para alcanzar la finalidad prevista por el legislador.

Agrega que los órganos del Estado deben ajustarse a la legalidad vigente, especialmente a las normas constitucionales que nos rigen, por lo que previo a la resolución del asunto sometido a su conocimiento, resulta indispensable requerir a esta M. en los términos ya expuestos.

Admisión a trámite, admisibilidad y observaciones de fondo al requerimiento.

El requerimiento se acogió a trámite por resolución de la Segunda Sala, oportunidad procesal en que fue decretada la suspensión del procedimiento en la gestión pendiente en que incide. Posteriormente, fue declarado admisible por resolución de la misma Sala.

Conferidos los traslados sobre el fondo a los órganos constitucionales interesados, así como a las partes de la gestión pendiente, fue evacuada presentación por el Ministerio Público, solicitando la resolución del asunto de autos conforme a derecho.

Vista de la causa y acuerdo.

Con fecha 7 de septiembre se verificó la vista de la causa, oyéndose la relación pública y los alegatos por el Ministerio Público, quedando adoptado el acuerdo con la misma fecha.

Y CONSIDERANDO:

ADVERTENCIA INICIAL. Todos los Ministros que están por acoger el requerimiento en lo referido al artículo 1º, inciso segundo, de la Ley Nº 18.216, lo hacen en virtud de las mismas infracciones constitucionales, pero entre ellos existen diferencias en cuanto a la orientación argumentativa utilizada. A continuación, se expone de manera resumida uno de los dos tipos de razonamiento, para, luego, desarrollar en extenso la otra fundamentación;

Que, una primera línea argumentativa, desarrollada, a vía ejemplar, en la STC Rol Nº 3062, plantea como elemento de juicio inicial, que el derecho a punir o ius puniendi, no constituye un derecho absoluto del Estado sobre la persona del imputado. En tal sentido, y como consideración inicial, se sostiene que dicho derecho a punir corresponde no sólo al Estado, sino a la sociedad para la defensa de la propia existencia contra los hechos dañosos de los sujetos que cometen ilícitos. Se resalta que, a partir del valor fundamental de la dignidad humana, el cual tiene reconocimiento constitucional, se sustentan múltiples principios limitadores del ius puniendi que pueden reconocerse en diversos preceptos de la Carta Fundamental, tales como los artículos 19, Nºs 1º, 2º, 3º y 7º (letras g y h), entre otros. Se destaca que detrás del fenómeno de la constitucionalización del derecho penal se encuentra la idea de que las normas constitucionales deben interpretarse a partir de criterios sistemáticos y teleológicos, no exclusivamente literales o gramaticales;