40 iniciativas medioambientales avanzan en el Congreso y ponen en alerta al sector privado
El 10 de junio, la Cámara de Diputados aprobó con 143 votos una resolución a través de la cual le solicitan al Presidente de la República que prohíba a todos los servicios públicos la compra de agua y gaseosas embotelladas en envases de plástico desechable, así como insumos de este material que tienen un solo uso, como vasos, bombillas y cubiertos. Para dar el ejemplo, la instancia parlamentaria aplicó la medida en forma inmediata.Iniciativas como esta dan cuenta del momento que se vive en el Congreso. Los temas ambientales parecen haberse tomado la agenda, lo que se refleja también en los números: hoy existen 40 iniciativas, entre proyectos de ley enviados por el Ejecutivo y mociones parlamentarias, con distintos grados de avance y el denominador común de la protección de recursos naturales, planteando en varios casos restricciones al desarrollo de actividades productivas, como la minería, la generación eléctrica, la salmonicultura o la construcción, entre otras.Las iniciativas son tan diversas como delitos ambientales; mociones que establecen la obligación de tramitar con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) cualquier proyecto que implique contaminación lumínica; la protección de los glaciares y la regulación de su manejo y afectación; el mecanismo para la declaración de humedales urbanos y su protección -que se tramita en paralelo a una moción que protege y regula las actividades en humedales en zonas rurales-; restricciones para los denominados olores ofensivos; la obligación de tramitar vía EIA independiente el transporte de minerales -respecto de proyecto principal-; que todas las faenas mineras de Santiago al norte deben abastecerse únicamente con agua de mar desalinizada, y varias mociones que plantean restricciones para la tramitación de proyectos en zonas declaradas latentes o saturadas. Además, hay una moción que modifica la Ley 19.300 de Bases del Medio Ambiente para ampliar el plazo para pedir participación ciudadana en las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA). Ahora se añadió el nuevo texto que reforma el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).Hay consenso en torno a que esta alta productividad regulatoria, como la denomina el presidente de la comisión del Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, Félix González, responde en parte a la realización en el país de la COP25 -la cumbre global que busca establecer compromisos para enfrentar las consecuencias del cambio climático-, que puso el foco sobre las materias ambientales. A esto se suma una ciudadanía más consciente de estos temas a raíz de hechos recientes, como los episodios de emisiones en la zona de Quintero-Puchuncaví; casos como los incendios forestales o fenómenos como los tornados en el Biobío o los aludes en el norte, que se vinculan a efectos del cambio climático."La gente está mucho más consciente, las nuevas generaciones ven que estas son cuestiones de supervivencia", asegura González, parlamentario del Movimiento Ecologista Verde, que es parte del Frente Amplio. Y agrega que aunque no se conviertan en ley, estas mociones fijan una posición.El presidente ejecutivo de la Asociación de Generadoras, Claudio Seebach, cree que si bien el ambiente en torno a la COP25 está impulsando esta mayor cantidad de iniciativas en torno a lo medioambiental, este período puede servir como una oportunidad para hacer "pedagogía climática", que ayude a entender cuál es la urgencia climática, las razones que la provocan, cuál es el grado de vulnerabilidad del país y cómo puede contribuir al liderazgo mundial en materia ambiental."Está lleno de mociones parlamentarias. Esto es complejo porque siempre los parlamentarios han enviado señales políticas a través de las mociones que presentan y siempre ha habido parlamentarios más verdes que otros. Pero ahora hay una efervescencia, porque todo el mundo está viendo que hay un rédito político al ser verde, y este sentimiento de conectar con la opinión pública está instalado en todos los sectores políticos", asegura la abogada Paulina Riquelme, socia del estudio Eelaw, que asesora en materias ambientales a la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) y a la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC).La ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, coincide con esta apreciación, pues, a su juicio, promover este tipo de iniciativas tiene un rédito para los parlamentarios, lo que se explica porque la demanda ciudadana en torno a estos temas ahora es mayor que hace una década. "Esto no es solo por la COP25, tiene que ver también con una necesidad de contar con mejores normativas. Todos tienen que entender que la mejor forma de generar...
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