25% de inversión minera y eléctrica aprobada desde 2010 está paralizado o fue desechado
Entre las 50 mayores iniciativas aprobadas ambientalmente desde 2010 hasta ahora-suman US$ 70.340 millones-, un total de 38 proyectos corresponden a estos dos rubros económicos, representando una inversión por US$ 56.217 millones, según datos del Ministerio del Medio Ambiente.
No obstante, el 25% de estas iniciativas -proporción contabilizada de acuerdo con los recursos económicos que representan- está paralizado, judicializadas o han sido desechadas por las empresas titulares de estos proyectos. Se trata de cinco inversiones, dos mineras y tres eléctricas que en conjunto suman US$ 14.233 millones.
Las razones de su paralización son variadas, pero en su mayoría han obedecido a la incertidumbre que se ha generado a nivel de inversionistas por aspectos comunitarios o judiciales.
Cinco iniciativas
Cerro Casale, propiedad de Barrick Gold y Kinross, es el proyecto de mayor envergadura y considera una inversión por US$ 5.200 millones. Según informó en marzo la empresa, a través de un reporte, esta redujo considerablemente el presupuesto para esa iniciativa, tras considerar que, por ahora, no alcanzaba la rentabilidad esperada por la compañía. Incluso, la empresa lo habría sacado de su portafolio de inversiones más inmediatas. Esto, aun considerando que la iniciativa elevaría la producción de oro del país.
Otro proyecto que por ahora está detenido es El Morro, de Goldcorp. En noviembre del año pasado y a un mes de que la Corte Suprema revocara su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y exigiera un nuevo reporte a la Conadi, la firma decidió empezar de cero, esto es, retirar su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del sistema, y asumir pérdidas por US$ 242 millones. Informaron que reformularían la iniciativa desde su concepción. Esto incluso podría cambiar su tamaño.
Entre los proyectos de energía figura la termoeléctrica de Endesa, Punta Alcalde. El 29 de enero de este año la generadora controlada por Enersis decidió registrar una provisión de deterioro por US$ 22 millones por esta iniciativa, que consideraba instalar 740 MW en la Región de Atacama. La compañía dijo en ese entonces que detenía el desarrollo de la central a la espera de despejar la incertidumbre respecto de su rentabilidad. Entre las razones que indicaron en ese minuto fuentes de la empresa, destacaron la paralización en la III Región de una serie de proyectos mineros, lo que ponía en duda el poder contratar toda la energía generada por Punta Alcalde. A esto se sumó la...
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