Dictamen nº 25599 de Contraloría General de la República, de 18 de Junio de 2003 - Doctrina Administrativa - VLEX 238956310
Información jurídica inteligente
 Chile | +56 (2) 28 98 60 32

Dictamen nº 25599 de Contraloría General de la República, de 18 de Junio de 2003

Document Citas 9 Citado por Relacionados
Vincent

N° 25.599 Fecha: 18-VI-2003

La Contraloría Regional de La Araucanía, ha remitido a esta Sede Central en fotocopia el decreto N° 19, de 2003, de la Municipalidad de Lonquimay, mediante el cual se aprueba el contrato a honorarios del abogado señor M.P., de acuerdo al inciso segundo, del artículo 4°, de la Ley N° 18.883, con el objeto de que emita un pronunciamiento respecto a su procedencia, considerando que dicha persona ostenta el cargo de Juez de Policía Local de dicha comuna.

Sobre el particular, y teniendo presente que los Jueces de Policía Local tienen la calidad de funcionarios municipales, corresponde referirse en primer término, a la norma de incompatibilidad establecida en el inciso primero, del artículo 5°, de la Ley N° 15.231, cuyo texto refundido se encuentra en el decreto N° 307, de 1978, de Justicia, que al efecto dispone que el cargo de Juez de Policía Local es incompatible con cualquier otro de la Municipalidad donde desempeña sus funciones y con el de Juez de otra comuna.

A este respecto, resulta necesario precisar que las incompatibilidades de cargos son prohibiciones que la ley establece destinadas a evitar que ciertos funcionarios ejerzan simultáneamente otros cargos dentro de la administración, atendida la especial condición que invisten.

En este contexto, resulta evidente que la prohibición que contempla el inciso 1° del citado artículo 5°, de la Ley N° 15.231, en cuanto a que el cargo de Juez de Policía Local es incompatible con cualquier otro de la Municipalidad, está referida a la imposibilidad de que ejerza paralelamente como "funcionario municipal", ya sea en calidad de planta o a contrata, otras labores dentro del municipio, pero en ningún caso afecta la posibilidad de ejercer funciones en calidad de contratado a honorarios, toda vez que así lo permite la letra b), del artículo 85, de la Ley N° 18.883, siempre que las funciones se efectúen fuera de la jornada ordinaria de trabajo y que puedan cumplirse física y materialmente.

A este respecto, sin embargo, conviene expresar que en el desempeño de las funciones encomendadas en virtud de un contrato a honorarios, debe observarse el principio de la probidad administrativa, el que se encuentra regulado en el Título III, de la Ley N° 18.575, por cuanto los contratados a honorarios, si bien no son funcionarios públicos propiamente tales, tienen el carácter de servidores estatales, por prestar servicios al Estado mediante un contrato suscrito con un organismo público...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

Búsquedas relacionadas:

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR