Dictamen nº 35397 de Contraloría General de la República, de 6 de Agosto de 2007
N° 35.397 Fecha: 6-VIII-2007
Por el presente informe, la Contraloría General de la República cumple con emitir su parecer acerca del Proyecto de Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, que está siendo analizado actualmente por esa Honorable Comisión Mixta. Este documento se orienta principalmente a comentar las disposiciones de ese proyecto que inciden en la posición constitucional de órgano autónomo que inviste este Órgano Contralor y atañen a la función de control jurídico de la Administración del Estado que la Carta Política le reconoce.
Es preciso enfatizar, desde luego, la singular importancia que la Contraloría General asigna a los valores y principios concernientes a la transparencia y publicidad de las funciones públicas y al acceso de las personas a la información de los órganos estatales. Entiende este Órgano de Control que ellos son factores orientados significativamente al perfeccionamiento de nuestra república democrática, que cooperan, en el ámbito sujeto a su fiscalización, a la consolidación de una Administración contenida, limitada por el derecho, y abierta a la posibilidad de escrutinio externo, institucional y social, para beneficio del bien común y sin perjuicio de los derechos de las personas.
Atendido lo anterior, este Órgano Contralor no puede sino manifestar, en términos generales, su acuerdo con una iniciativa que tiene por objeto reinsistir en la incorporación en el ordenamiento de una serie de principios y de exigencias orientadas a incrementar adicionalmente la visibilidad de los órganos estatales y fortalecer el derecho de las personas a acceder a la información de la Administración Pública.
Debe, con todo, hacer diversos comentarios acerca de su contenido, los cuales se formulan desde el punto de vista de la función fiscalizadora que corresponde realizar a la Contraloría General en lo que hace al cumplimiento del deber de transparencia en su sentido más amplio, como también en su condición de órgano autónomo constitucional y como órgano fiscalizador del servicio público que propone crear este proyecto de ley, llamado Consejo de la Transparencia.
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LAS FUNCIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
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La función jurídica
La Contraloría General de la República es un órgano constitucionalmente autónomo que desempeña diversas funciones que el Ordenamiento Jurídico le ha encargado para el fortalecimiento del Estado de Derecho y que están destinadas a hacer respetar el principio de juridicidad, resguardar el patrimonio público, velar por el cumplimiento del principio de probidad administrativa y asegurar la transparencia de la información que generan los órganos públicos.
Pues bien, la función principal y por excelencia de la Contraloría General de la República, consiste en ejercer el control de juridicidad de los actos de la Administración.
Esta función se cumple de dos formas: mediante la emisión de pronunciamientos jurídicos obligatorios para la Administración del Estado -dictámenes y oficios que conforman la llamada Jurisprudencia Administrativa-, y a través del control de las órdenes formales emanadas de la Administración activa, control que puede ser preventivo, simultáneo o a posteriori. En particular, el control preventivo de juridicidad se lleva a cabo mediante el trámite constitucional de la Toma de Razón.
Es necesario tener en cuenta que todas las funciones de la Contraloría General de la República en último término son funciones jurídicas, pues todas ellas están destinadas a cautelar el principio de legalidad, esto es, a verificar que los órganos de la Administración del Estado actúen dentro del ámbito de sus atribuciones y con sujeción a los procedimientos que la ley contempla.
a. La función de dictaminar
En este contexto, una de las funciones trascendentales que el Estado de Derecho le reconoce a la Contraloría General lo constituye la facultad de interpretar las normas jurídicas que inciden en el ámbito administrativo, labor que se materializa en la emisión de informes jurídicos que son obligatorios para los servicios sometidos a su fiscalización.
Esta potestad, que importa una valiosa creación intelectual de nuestra Contraloría, permite la elaboración de una doctrina administrativa conformada por un sistema de precedentes obligatorios y favorece la unidad del sistema normativo mediante su interpretación uniforme y consistente, donde cada decisión contribuye a orientar otras múltiples decisiones posibles, haciendo que la regulación aplicable a los entes públicos sea más coherente, íntegra y estable.
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