Dictamen nº 26261 de Contraloría General de la República, de 20 de Mayo de 2009
N° 26.261 Fecha: 20-V-2009
La Contraloría Regional de Valparaíso, en el marco de diversas fiscalizaciones y sumarios administrativos que ha ordenado incoar en el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, solicita a esta Contraloría General un pronunciamiento relativo a la naturaleza del cargo que ostenta el Presidente de dicha entidad, y, además, acerca de las consecuencias jurídicas que de tal circunstancia se derivan.
Sobre el particular, y tal como informa la Contraloría Regional correspondiente, es necesario indicar que el artículo 1° de la ley N° 19.891, que crea el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, dispone que esa entidad es "un servicio público autónomo, descentralizado y territorialmente desconcentrado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relacionará directamente con el Presidente de la República", sin perjuicio de lo cual "todos aquellos actos administrativos del Consejo en los que, según las leyes, se exija la intervención de un Ministerio, deberán realizarse a través del Ministerio de Educación".
Enseguida, su artículo 5° prevé que la dirección superior del aludido Consejo corresponderá a un directorio integrado, entre otros, por el "Presidente del Consejo, quien tendrá el rango de Ministro de Estado y será el jefe superior del servicio", en tanto que el artículo 8° de ese texto legal prescribe que el mismo "será designado por el Presidente de la República, presidirá también el Directorio y responderá directamente ante el Presidente de la República de la gestión del Consejo.".
En este contexto, corresponde hacer presente que de la historia fidedigna del establecimiento de la citada ley N° 19.891 aparece que el proyecto inicialmente remitido al Congreso Nacional por el Presidente de la República, mediante Mensaje N° 149-339, de 28 de diciembre de 1998, contemplaba la creación de una Dirección Nacional de Cultura, como servicio público funcionalmente descentralizado y territorialmente desconcentrado, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Educación, la cual sería dirigida por un Director Nacional, funcionario de exclusiva confianza del Presidente de la República y designado por éste, quien actuaría como jefe superior del servicio.
No obstante, y tal como consta del Primer Informe de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, de la Cámara de Diputados, el proyecto original fue reemplazado por una indicación del Presidente de la República, de fecha 19...
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