Dictamen nº 11909 de Contraloría General de la República, de 9 de Marzo de 2009
N° 11.909 Fecha: 9-III-2009
Se ha dirigido a esta Contraloría General la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, solicitando un pronunciamiento que determine si existe algún impedimento legal para que sus funcionarios puedan participar en los concursos que dicha repartición convoque, con el objeto de acceder a las becas financiadas por dicho organismo.
Hace presente la entidad ocurrente que el ordenamiento jurídico que la rige, no contempla norma alguna que impida a sus funcionarios, postular a los programas de becas que ella administra.
Agrega que, en su opinión, se ajustaría a derecho la eventual participación del personal de esa Comisión en los diferentes procesos concursales para optar a los beneficios en comento, por cuanto el marco regulatorio de los mismos estaría fijado en las respectivas bases, a las cuales no tendría acceso el personal participante, de tal manera que no se estarían vulnerando los principios jurídicos de igualdad ante la ley ni el de probidad administrativa.
Como cuestión previa, cabe señalar que conforme a lo dispuesto por el artículo 1° del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica -cuyo texto refundido fue fijado por el decreto N° 491, de 1971, del Ministerio de Educación- y a lo precisado por esta Contraloría General, entre otros, en los dictámenes N°s 11.721, de 1996 y 8.865, de 1998, dicha entidad es un servicio público funcionalmente, descentralizado y con patrimonio propio, destinado a asesorar al Presidente de la República en el planeamiento del desarrollo científico y tecnológico, correspondiéndole desarrollar, promover y fomentar la ciencia y la tecnología en Chile, orientándolas preferentemente al desarrollo económico y social del país.
A su vez, conforme a lo dispuesto en el artículo 33 del referido Estatuto Orgánico y tal como se desprende de los oficios N° 24.296, de 1990 y N° 12.339, de 1996 de esta Contraloría General, su personal se rige supletoriamente por las disposiciones del Estatuto Administrativo.
Puntualizado lo anterior, conviene recordar que de conformidad con lo establecido en el artículo 6°, letra a), del aludido decreto N° 491, de 1971, corresponde al indicado organismo, entre otras funciones, la de conceder becas, subsidios, préstamos y todo tipo de ayudas a estudiantes, investigadores, entidades o instituciones.
Enseguida, y en relación con la materia, corresponde anotar que nuestro ordenamiento jurídico contempla...
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