En 2019, Chile podría retirarse del Convenio 169 de la OIT - 28 de Diciembre de 2014 - El Mercurio - Noticias - VLEX 550507598

En 2019, Chile podría retirarse del Convenio 169 de la OIT

Esta frase -desconocida para muchos- se encuentra en el artículo 39, casi al final del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, "sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes". El documento -que en 2014 cumplió cinco años de aplicación en Chile- es objeto de intensa controversia y es señalado desde el mundo empresarial como uno de los factores que ha introducido mayores grados de incertidumbre para la concreción de inversiones.

A la fecha, solo 22 países -de 180 posibles- son parte del Convenio, si bien se trata, en su mayoría, de Estados que enfrentan una problemática indígena clara. En el caso de Chile, su ratificación por el Congreso se concretó en 2008, luego de 27 años de discusión parlamentaria, para entrar en vigencia el 15 de septiembre de 2009. Y ya ese inicio supuso dificultades, según el abogado Manuel Núñez, académico de la Universidad Católica de Valparaíso y consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Los problemas se vinculan con la obligatoriedad que establece el convenio de consultar a los pueblos originarios respecto de cualquier iniciativa que pudiere afectarlos, lo que abarca una amplia gama de materias, desde modificaciones legales hasta la autorización de proyectos de inversión privados. Núñez explica que al momento de entrar en vigor el convenio "no se modificó ninguna norma sectorial, y todo comenzó a funcionar sin un aparataje indicado y sin revisión". Luego, "se estableció, a fines del primer gobierno de Michelle Bachelet, un reglamento para regular la consulta indígena que, contradictoriamente, no fue consultado. Terminó siendo rechazado por los pueblos originarios y por la Corte Suprema".

Si bien esta situación logró corregirse posteriormente, el funcionamiento del convenio ha derivado en una recurrente judicialización de iniciativas de inversión, con ejemplos emblemáticos, como el del proyecto minero El Morro, en Atacama, que ha sido paralizado dos veces. Es que "la falta de consulta permite invalidar actos administrativos, lo que, por ejemplo, ha dejado sin efecto resoluciones de calificación ambiental porque no se ha cumplido el trámite, suspendiendo proyectos de varios millones de dólares", dice Núñez, partidario de introducir nuevos...

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