"Protocolo 2011" de la Iglesia Católica exige investigar hasta rumores sobre abuso sexual - 27 de Abril de 2011 - El Mercurio - Noticias - VLEX 272675235

"Protocolo 2011" de la Iglesia Católica exige investigar hasta rumores sobre abuso sexual

El documento de 17 carillas, más anexos, se lanza en medio de las acusaciones de abuso sexual que han impactado a la Iglesia, y establece que para facilitar la entrega de denuncias éstas se pueden realizar a través de la estructura normal de la Iglesia -párrocos, decanos y vicarios episcopales- y a laicos, los que pueden además llevar adelante la investigación previa (ver recuadro).

El nuevo protocolo -que actualiza el de 2003- coloca el acento en que todas las denuncias deben ser investigadas, independientemente del tiempo transcurrido y que la prescripción debe levantarse para los casos graves (ver recuadro).

Frente a casos en que no hay denuncia, pero existe el reconocimiento del denunciado o pruebas irrefutables -por ejemplo, si el clérigo es padre con una pareja menor de edad-, el texto señala la toma inmediata de medidas cautelares y el envío de los antecedentes a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y si se trata del embarazo, aparte de las sanciones, al clérigo se le llamará a reconocer voluntariamente su paternidad y a asumir los deberes que la ley señala.

A último minuto, la Conferencia decidió retirar el plazo de 30 días para la investigación previa, porque -según la canonista Ana María Celis- se optó por que cada caso se estudie en su mérito de acuerdo a su complejidad, con la opción de prorrogar el tiempo particular asignado.

Este punto, quedó del siguiente modo: "Parece del todo aconsejable que en el decreto de inicio de la investigación previa, se establezca un tiempo prudente y prorrogable para realizarla, de acuerdo a las peculiares circunstancias de la denuncia hecha".

Junto a ello, la Iglesia expone su respeto al ordenamiento vigente; señala que no obstaculiza la actuación de la justicia; que nada exime a un clérigo de responder por sus actos ante la justicia civil; que existe la obligación de denunciar en el caso de directores de establecimientos educacionales y -por primera vez- establece que incurren en encubrimiento quienes oculten información. Pero, hace ver que en caso alguno la justicia civil "puede intervenir en los asuntos sometidos a la jurisdicción eclesiástica, en cuanto se trate de un proceso canónico". Esto, después del impasse con la fiscal Jéssica González por la entrega del expediente eclesiástico que declaró "culpable" al sacerdote Fernando Karadima.

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