Las víctimas y el proceso penal - 12 de Enero de 2021 - El Mercurio - Noticias - VLEX 855081851

Las víctimas y el proceso penal

El Gobierno ha puesto suma urgencia a un proyecto de ley que, entre otras cosas, persigue la creación de una Defensoría de Víctimas de delitos. Ella sería necesaria, se ha señalado desde el Ministerio de Justicia, pues las víctimas se encontrarían "en una condición de desigualdad judicial frente a los intereses del Ministerio Público -que no son siempre coincidentes con los de la víctima- o del mismo imputado, que goza de defensa pública" cuando la necesita. La iniciativa forma parte de la creación de un Servicio Nacional de Acceso a la Justicia, que unificaría toda la asistencia estatal en materia de defensa jurídica, incluyendo las cuatro corporaciones de asistencia judicial existentes y los programas dirigidos a la defensa de niños y adolescentes, de adultos mayores y de víctimas de violaciones a los derechos humanos.Desde un punto de vista social e institucional debería resultar llamativa la idea de crear una agencia estatal encargada de la defensa de los intereses de las víctimas de los delitos. El Estado ya destina una gran cantidad de recursos a financiar toda una institucionalidad encargada de la persecución y castigo de los delitos, con el fin de satisfacer un interés que parece ser tan propio del Estado como de las víctimas concretas. En el centro de esta institucionalidad, por las atribuciones que la Constitución y las leyes le confieren, se encuentra el Ministerio Público. ¿Qué ha ocurrido en los últimos años para que haya surgido la necesidad o al menos la voluntad de modificar este orden? El Ministerio de Justicia alude a la falta de coincidencia entre los intereses de la Fiscalía y los intereses de las víctimas. Si esta falta de coincidencia fuera excepcional y contingente, o si el problema radicara en que la Fiscalía no está haciendo bien su trabajo, la solución no podría estar en la creación de una nueva agencia del Estado para cumplir funciones que se solapan con las de instituciones ya existentes. Parece entonces que el proyecto del Ejecutivo se explica a partir de una determinada concepción del sistema de justicia penal. Esta concepción es la que debería...

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