Valentina Correa: 'Sueño que el terreno sea destinado a viviendas sociales, pero por la vía legal' - 12 de Junio de 2022 - El Mercurio - Noticias - VLEX 906184370
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Valentina Correa: 'Sueño que el terreno sea destinado a viviendas sociales, pero por la vía legal'

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Dos documentos revelan fases sucesivas en la actitud que el Estado ha tenido frente a la ocupación ilegal de los terrenos en Quilpué del fallecido ingeniero de Concón Alejandro Correa, asesinado en mayo de 2020 por un sicario a raíz de los conflictos en torno a ese predio.El primero está fechado el 18 de junio de 2021 y fue emitido por la entonces seremi de Vivienda de la Región de Valparaíso, Evelyn Mansilla. Ordena paralizar las obras de demarcaciones de predios, trazados de caminos interiores, tala ilegal de bosque nativo mediterráneo y construcción ilegal de viviendas, ya que el plan regulador comunal asigna el uso de suelo solo al equipamiento. Hasta entonces había 43 casas en construcción y la resolución ordenaba, con auxilio de la fuerza pública de ser necesario, que fueran demolidas. Nada de eso se concretó.El segundo es de fecha 22 de enero pasado y es un oficio que el entonces director regional de Serviu, Tomás Ochoa, dirige al ministro de Vivienda de la época, Felipe Ward. En él cambia el tono con el que se describen las actividades al interior del terreno usurpado. "Se ha generado un asentamiento irregular de un importante número de familias vulnerables", plantea. El mismo documento precisa que hasta junio eran 32 familias, pero que la cifra había crecido en forma considerable en el intertanto. Por ello, "solicita autorización para expropiar" e incluir al campamento (que aún no es parte del catastro oficial) en la estrategia nacional de intervención.Valentina Correa, hija del ingeniero asesinado, cuenta que entre uno y otro oficio estuvo reunida siete veces con el entonces jefe de gabinete del Ministerio de Vivienda, Gonzalo Vega. Ahí presenciaba cómo el funcionario coordinaba acciones con la Unidad de Campamentos de la cartera, la delegación presidencial provincial del Marga-Marga y el municipio de Quilpué. Pero el tiempo pasaba y lejos de concretarse la demolición y desalojo, cuando los vuelos de dron revelaban que las casas aún estaban construyéndose, la ocupación ilegal en la propiedad crecía y se consolidaba.Por eso, el 7 de septiembre de 2021, su abogado Juan Pablo Hermosilla pidió al ministro Ward, al delegado presidencial en la Región de Valparaíso Jorge Martínez y otras autoridades que se ejecutara la demolición. La respuesta fue una cita virtual en la que señalaron que aún evaluaban cuándo y cómo hacerlo.En diciembre, y cuando la familia Correa asumía que el desalojo sería...

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