Los tribunales como contralor de la legislación
| Autor | Lewis Mayers |
| Cargo del Autor | Profesor de Derecho del City College de Nueva York |
| Páginas | 315-336 |
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El SiStEma lEgaldEloS EStadoS UnidoS
caPÍtUlo x
loStribUnalEScomocontralordElalEgiSlación
1. Declaración de que una ley de un estado es repugnante a la Cons-
titución de ese estado: revisión judicial por el estado. —2. Decla-
ración de que una ley de un estado es repugnante a la ley federal:
revisión judicial federal. —3. Declaración de que una ley federal
es repugnante a la Constitución federal: revisión judicial nacional.
—4. Rol histórico de la Suprema Corte.
En varios puntos hemos hecho referencia a la acción de los tribunales
que suelen declarar nulas algunas disposiciones legales por considerarlas
repugnantes a disposiciones constitucionales. En este capítulo estudiaremos
brevemente el génesis y desarrollo de esta función de los tribunales
norteamericanos que los distingue de los de otras naciones, pero que en
realidad no es exclusiva de nuestro país1.
Aunque, por razones de brevedad, esta facultad de los tribunales se conoce
generalmente como la facultad de declarar que la legislación es repugnante a
las disposiciones constitucionales, comprende también la facultad de declarar
que las disposiciones constitucionales de los estados son nulas por resultar
repugnantes a la ley federal, contenida en la Constitución o en diversas
leyes o tratados federales. Puesto que estas disposiciones constitucionales
en todos los estados requieren la aprobación del electorado, y puesto que
en algunos estados aun las leyes pueden ser sancionadas por voto popular
sin la intervención de la legislatura, resulta evidente que de esta manera los
tribunales ejercen un contralor no solo sobre la legislatura, sino también sobre
el electorado.
También, aunque es costumbre hablar de la facultad de los “tribunales”
para declarar que las leyes son inconstitucionales solo los altos tribunales
de los estados y la Suprema Corte de los Estados Unidos tienen esa facultad
en su verdadero sentido. La decisión sobre una cuestión constitucional en
cualquiera de los tribunales inferiores es simplemente un proceso exploratorio
o preparatorio, destinado a limpiar el camino para el más alto tribunal2. En
1 Para otros países, véase Haines, Some Phases of the Theory and Practice of Judicial
Review of Legislation en Foreign Countries, 24, Am. Pol. Sci. Rev., 583 (1930).
2 Por supuesto que la parte perdedora en un litigio en el que el tribunal ha declarado que una ley
es inconstitucional, puede decidir no apelar. Prácticamente esta posibilidad puede ignorarse.
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Lewis Mayers
algunos sistemas que disponen de cortes intermedias de apelación existe la
disposición que permite que las cuestiones constitucionales sean resueltas más
rápidamente dejando de lado en los casos que comprenden estas cuestiones,
el nivel intermedio de apelación y entonces esta va directamente del tribunal
de primera instancia al más alto tribunal del estado.
No existe ningún procedimiento especial para invocar la facultad del
tribunal de declarar que una ley no es válida debido a su inconstitucionalidad.
En un pleito civil una de las partes y en un procedimiento criminal la defensa
o la acusación (por lo general de defensa) alega que una determinada
disposición debe ser dejada de lado por el tribunal porque es repugnante
a las disposiciones constitucionales en vigor. Del mismo modo como con
cualquier otra pretensión legal, el tribunal resuelve sobre ella de la manera
acostumbrada. Solo si se le presenta un caso real y patético, entre partes que
tengan interés genuino y especial en los resultados del juicio, y en el que una
decisión sobre la repugnancia de esa ley con respecto a las disposiciones
constitucionales es esencial para resolver el caso, el tribunal considerará la
cuestión de la constitucionalidad3.
Así, en teoría, aunque una ley fuera inconstitucional, en la práctica podría
ser inmune a la acción judicial por no existir una persona en condiciones
de instituir una acción para comprobar su inconstitucionalidad. Así, en
el fuero federal la Suprema Corte ha establecido, como ya lo hemos hecho
notar, que un contribuyente no puede instituir una acción para que los
tribunales impidan una inversión de fondos federales establecida por ley, con
un propósito que el contribuyente supone fuera de la esfera constitucional
del gobierno federal. Algunos tribunales de los estados han sido más
tolerantes con respecto a los derechos del ciudadano, que aunque no fuera
particularmente perjudicado por la legislación que objeta habla simplemente
como representante autonombrado de un grupo de ciudadanos, a n de
que sostenga ante los tribunales la inconstitucionalidad de la legislación
del estado. Pero en suma puede decirse que esta doctrina que establece que
solo puede atacar la constitucionalidad de un acto legislativo una persona
que tenga base adecuada como litigante en ese terreno, constituye un límite
importante de la facultad de los tribunales, aunque puede hacerse notar que
es un límite autoimpuesto.
Otra limitación autoimpuesta y repetidamente armada por los tribunales,
pero también dejada de lado por ellos mismos —a veces en el mismo
acto de armarla— es la doctrina de que un acto legislativo no debe ser
declarado inconstitucional a menos que su repugnancia con las disposiciones
constitucionales sea indiscutiblemente clara. Sin embargo se conocen muchos
casos de gran importancia en los cuales la Suprema Corle ha declarado que
una disposición legal es inconstitucional con solo un voto de mayoría, y los
jueces en mayoría aceptan sin inconveniente que es indiscutible y evidente
la repugnancia de esa disposición con la Constitución pese a la insistencia
de sus colegas disidentes que arman que esa repugnancia es por lo menos
3 En Massachusetts, sin embargo, por una disposición constitucional expresa, la legislatura
puede obtener la opinión de los jueces de la Suprema Corte del estado, con respecto a la
constitucionalidad de la legislación que se proyecta.
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