Los tribunales como contralor del ejecutivo
| Autor | Lewis Mayers |
| Cargo del Autor | Profesor de Derecho del City College de Nueva York |
| Páginas | 301-314 |
301
El SiStEma lEgaldEloS EStadoS UnidoS
caPÍtUlo ix
loStribUnalEScomocontralordElEjEcUtivo
1. Revisión judicial de la validez de las regulaciones administrativas.
—2. Reparación judicial por daños causados a personas por
funcionarios públicos. —3. Reparación judicial por daños causados
a propiedades por funcionarios públicos: apoderamiento o
destrucción. —4. Procedimientos judiciales como medio para obligar
a la acción ocial. —5. Contralor judicial sobre el otorgamiento
discrecional de benecios. —6. Contralor judicial sobre el empleo
de tropas por parte del ejecutivo en desórdenes domésticos. —7.
Contralor judicial sobre el ejecutivo en tiempo de guerra.
En las páginas anteriores nos hemos referido con mucha frecuencia a
procedimientos instituidos en los tribunales contra funcionarios públicos, ya
sea para impedir una acción ocial errónea o para procurar compensación de
una acción ocial errónea que ya ha concluido. Además, en los procedimientos
judiciales instituidos por los mismos funcionarios, la legalidad de sus actos
puede ser, por supuesto, discutida. En este capítulo examinaremos el rol
de los tribunales en esa función como contralor de los funcionarios de la
administración y aun del ejecutivo.
Sin embargo, un aspecto de esta materia se reserva para los capítulos
siguientes. En tanto los órganos administrativos efectúan adjudicaciones
formales, se convierten en tribunales en lugar de simples administradores y
la función de los tribunales ordinarios con relación a ellos es la de apelación
en lugar de una función de tipo originario. Por lo tanto estudiamos todo lo
relacionado con el contralor ejercido por los tribunales en este terreno, en el
capítulo que se reere a los tribunales administrativos. Lo mismo vale para el
contralor que ejercen los tribunales sobre los procedimientos de los tribunales
militares que veremos al referirnos a ese punto.
Una de las características del derecho angloamericano, que contrasta con el
europeo, es que la validez o legalidad de los actos de los funcionarios públicos
puede ser cuestionada en cualquier procedimiento en el que la cuestión
de esa validez o legalidad tenga importancia, y que la formas comunes de
procedimientos civiles ante los tribunales ordinarios se pueden utilizar de
igual modo contra funcionarios públicos que contra particulares, por ejemplo
la acción para la obtención de un interdicto o de un fallo declaratorio, la
acción para recobrar la posesión de una propiedad, la acción por daños
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