Tribunal Constitucional, 26 de junio de 2001. (Rol 325)
| Páginas | 91-106 |
Véase la prevención de los ministros señores Jordán y Figueroa.
Page 92
Vistos:
Veinte senadores, que representan más de la cuarta parte de los miembros en ejercicio del Senado, recurren a este Tribunal para que se declare inconstitucional el Decreto Supremo Nº 20 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de fecha 22 de enero de 2001, publicado en el Diario Oficial en su edición del 12 de abril de 2001, invocando como fuente de su legitimación activa el Nº 5º del artículo 82 de la Constitución Política. Se dice de inconstitucionalidad de la norma reglamentaria tanto en su totalidad como, en todo caso, de las disposiciones específicas que se señalan en el libelo.
Los fundamentos de la impugnación se desarrollan en dos capítulos que respectivamente intitulan "Inconstitucionalidades mixtas de forma y de fondo" e "Inconstitucionalidades exclusivas de fondo". En el primero de ellos se hace residir la censura en que el citado decreto supremo habría vulnerado las garantías de la libertad ambulatoria y del derecho de propiedad, toda vez que a éstas les habría impuesto restricciones que sólo era posible efectuar por ley, invadiendo de esta manera el principio de reserva legal, en relación con dichas dos garantías.
En el segundo capítulo se impugna la constitucionalidad del decreto supremo sosteniendo que la norma no es idónea para los fines que se propone, con lo cual cae en la arbitrariedad y en la irracionalidad técnica, vulnerando consecuencialmente el principio constitucional de interdicción de la arbitrariedad que consagran el inciso primero del artículo 1º, los Nos 2º y 22º del artículo 19 y las garantías constitucionales del derecho de trasladarse y del derecho de propiedad.
Se pidió informe al Presidente de la República y al Contralor General de la República, los que fueron evacuados y rolan a fojas 89 y fojas 76, respectivamente. A fojas 362 compareció el abogado de los requirentes haciendo presentes distintas consideraciones en torno a lo informado por el Vicepresidente de la República y acompañando diferentes documentos.
Considerando:
-
Competencia del Tribunal Constitucional, en relación al artículo 82, números 5º y 12º, de la Constitución.
-
Que el Contralor General de la República en su Informe agregado a los autos ha sostenido que los senadores requirentes carecen, en parte, de legitimación activa para actuar, porque en su libelo se sostiene que el D.S. Nº 20 es inconstitucional, por versar sobre materias propias de ley, y tal causal de inconstitucionalidad está contenida en el artículo 82,Page 93Nº 12º, de la Constitución, reclamo del cual, de conformidad con el inciso final del mismo precepto, el Tribunal sólo puede conocer a requerimiento de cualquiera de las Cámaras, requisito que no se ha cumplido. Es por lo anterior que la Entidad Fiscalizadora ha entendido, equivocadamente, "que la declaración de admisibilidad del presente requerimiento no ha podido referirse sino a las alegaciones relativas a que el decreto Nº 20 infringiría las garantías constitucionales que se señalan, razón por la cual no estima del caso hacerse cargo de las alegaciones acerca de la supuesta infracción al principio de reserva legal, por el decreto cuestionado". Este Tribunal no divisa razón plausible para que la Contraloría haya entendido que la declaración de admisibilidad pura y simple, sin restricciones -ni reservas-, pueda entenderse como que ella sólo se refiere a parte del requerimiento y no a su totalidad, como efectivamente ha sucedido y como así también lo entendió, por lo demás, el Presidente de la República al no formular reparo alguno a este respecto. No obstante lo anterior, las alegaciones del Contralor hacen necesario que esta Magistratura desarrolle las razones que tuvo en vista para admitir a tramitación el requerimiento de autos en su integridad;
-
Que, para señalar con la mayor precisión el problema propuesto, es necesario dejar establecido como hecho de la causa que el D.S. Nº 20 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, publicado en el Diario Oficial de 12 de abril de 2001, es un decreto dictado en virtud de la potestad de ejecución del Presidente de la República, esto es, un acto del Jefe del Estado expedido para la ejecución de las leyes, de conformidad con la facultad que le confiere el artículo 32, Nº 8º, de la Carta Fundamental. Así lo demuestra, por lo demás, fehacientemente, su contenido y la circunstancia que en sus antecedentes se invoquen numerosas leyes tales como la Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, el Decreto con Fuerza de Ley Nº 725, de 1968, que contiene el Código Sanitario, las Leyes Nos 18.410, 18.696 y 19.175, entre otras, y que en su considerando 8º se establezca que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Nº 19.300, corresponde dictar el referido decreto;
-
Que, en esencia, el problema que se ha suscitado consiste en precisar si los senadores requirentes son legitimados activos para deducir el requerimiento interpuesto en contra del D.S. Nº 20 ya mencionado, en los términos propuestos. En otras palabras, y con mayor precisión jurídica, la cuestión suscitada consiste en resolver si un requerimiento que impugna un decreto emitido en virtud de la potestad reglamentaria de ejecución del Presidente de la República, por versar sobre materias propias de ley, se encuentra comprendido dentro de la atribución contemplada en el artículo 82, Nº 5º, de la Carta Política, dentro de la expresión "Decretos inconstitucionales" que ésta emplea, o cae bajo el ámbito de la facultad consagrada en el Nº 12º del mismo artículo que se refiere a los decretos que versen sobre "...materias que pudieren estar reservadas a la ley por mandato del artículo 60";
-
Que la doctrina que al efecto se siga es de enorme trascendencia jurídica, ya que son distintos los legitimados para recurrir al Tribunal Constitucional en uno y otro caso. En efecto, si se concluye que un requerimiento como el deducido en estos autos puede intentarse de acuerdo con el artículo 82, Nº 5º, tal requerimiento, o para emplear los términos de la Constitución, la cuestión "podrá promoverse por cualquiera de las Cámaras o por una cuarta parte de sus miembros en ejercicio". En cambio, si mediante una interpretación restrictiva de las normas en juego, se decide que el requerimiento se encuadra dentro de la situación prevista en el número 12º, este Tribunal sólo podría conocer de la materia siempre que el reclamo respectivo lo deduzca el Senado o la Cámara de Diputados; o sea, en este segundo caso, no se le permitiría accionar a la cuarta parte de los miembros en ejercicio de las respectivas Corporaciones;Page 94
-
Que, sin embargo, como podrá apreciarse, la resolución de este asunto no se circunscribe sólo a un simple problema de legitimación procesal, sino que es de vastas proyecciones en el ordenamiento constitucional, porque la tesis que se sustente importará un pronunciamiento sobre las facultades de las minorías parlamentarias para ejercer acciones tendientes a controlar que los actos del Poder Ejecutivo se ajusten a la Constitución y el verdadero alcance de su participación en nuestro sistema democrático que consagra el artículo 4º de nuestra Carta Fundamental.
Al propio tiempo, la decisión también se extiende sobre uno de los pilares básicos de nuestro Estado de Derecho, cual es el ámbito de las atribuciones de este Tribunal para velar por el fiel cumplimiento del principio de supremacía constitucional consagrado en el artículo 6º del Capítulo I sobre Bases de la Institucionalidad.
El Tribunal Constitucional es uno de los órganos esenciales que debe custodiar aquel principio y frente a la trascendencia de sus funciones no puede ni debe, actuando dentro de su competencia, dejar de ejercer sus atribuciones por las razones que se invocan por la Contraloría, omitiendo, así, un pronunciamiento sobre normas que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico y que han sido cuestionadas por veinte senadores por estimar que adolecen de severos vicios de inconstitucionalidad relacionados con la libertad y otros derechos fundamentales de la persona humana;
-
Que, a propósito de lo sostenido en el considerando anterior, es importante y muy oportuno tener presente en la debida resolución del problema en examen, una regla de interpretación constitucional compartida por la unanimidad de la doctrina y de las magistraturas constitucionales del mundo actual. La resume con magistral claridad el profesor Segundo Linares Quintana en su Tratado de la Ciencia del Derecho Constitucional en los siguientes términos: "En la interpretación constitucional debe siempre prevalecer el contenido teleológico de la Constitución, que si es instrumento de gobierno, también y principalmente es restricción de poderes en amparo de la libertad individual. La finalidad suprema y última de la norma constitucional es la protección y la garantía de la libertad y la dignidad del hombre. Por consecuencia, la interpretación de la ley fundamental debe orientarse siempre hacia aquella meta suprema. Y en caso de aparente conflicto entre la libertad y el interés del gobierno, aquélla debe primar siempre sobre este último, porque no se concibe que la acción estatal manifestada a través de los cauces constitucionales pueda resultar incompatible con la libertad, que es el fin último del Estado,..." (ob. cit., tomo III, pág. 654);
-
Que, precisado el problema suscitado en su justa dimensión, se entrará a analizar las normas constitucionales en juego, a fin de demostrar que este Tribunal acogió a tramitación el requerimiento y entró a conocer el fondo del asunto planteado en su integridad, con estricta sujeción a la preceptiva constitucional;
-
Que el artículo 82, Nº 5º dispone que es atribución del Tribunal Constitucional: "Resolver los reclamos en caso de que el Presidente de la República no promulgue una ley cuando deba hacerlo, promulgue un texto diverso del que constitucionalmente corresponda o dicte un decreto...
-
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba