Transit infractions in Colombia. Abuse of power and the right to free circulation
| Páginas | 196-277 |
| Fecha | 01 Noviembre 2024 |
| Autor | Germán Silva García,Bernardo Pérez Salazar |
| Materia | Derecho Público y Administrativo |
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Artículo recibido el 06.06.2023 y aprobado para publicación el 06.06.2024.
ESTUDIOS CONSTITUCIONALES
ISSN 0718-0195 · Vol. 22 · Núm. 2 · 2024 · pp. 196-227 · DOI: 10.4067/S0718-52002024000200196
Infracciones de movilidad en Colombia.
Abusos de poder y derecho a la libre circulación
Transit infractions in Colombia.
Abuse of power and the right to free circulation
Germán Silva García1
Bernardo Pérez Salazar 2
Resumen: El artículo analiza un evento de prohibición de estacionamiento y discute la
coherencia de la infracción con los propósitos de la ley de tránsito. Desde allí, establece la
discordancia de esa infracción con el derecho constitucional a la libre circulación, al igual
que con el derecho a estacionarse, respecto del cual sostiene es una derivación necesaria del
derecho fundamental de locomoción. El estudio debate y argumenta sobre los objetivos de
la ley, la ausencia de antijuridicidad material, la justedad de la infracción y otros aspectos,
para demostrar que existe una vulneración al derecho constitucional a la libre circulación
y un caso de abuso de poder.
Palabras clave: Derecho constitucional, sociología jurídica, derecho fundamental a la libre
circulación, derecho a estacionarse, abuso de autoridad.
Abstract: The article analyzes a parking ban event and discusses the consistency of the
violation with trac law purposes. From there, it establishes the inconsistency of this in-
fraction with the constitutional right to free movement, as well as with the right to park,
regarding which it maintains is a necessary derivation of the fundamental right of locomo-
tion. The study debates and argues about the objectives of the law, the absence of material
1 Doctor en Sociología de la Universidad de Barcelona, máster en Sistema Penal y Problemas Sociales de la
misma casa de estudios y abogado de la Universidad Externado de Colombia. Es decano e investigador de la
Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia, Bogotá, a cuyo Grupo de Investigación en Conic-
to y Criminalidad pertenece este trabajo de investigación. Correo electrónico: gsilva@ucatolica.edu.co. ORCID:
https://orcid.org/0000-0002-3972-823X.
2 Candidato a doctor en Educación de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, máster en Planeación del Insti-
tute of Social Studies de La Haya y comunicador social de la Universidad del Valle. Es investigador de la Facultad
de Derecho de la Universidad Católica de Colombia, Bogotá, a cuyo Grupo de Investigación en Conicto y Cri-
minalidad pertenece este trabajo de investigación. Correo electrónico: bperez@ucatolica.edu.co. ORCID: http://
orcid.org/0000-0003-2330-646X.
InfraccIones de movIlIdad en colombIa.
abusos de poder y derecho a la lIbre cIrculacIón
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ESTUDIOS CONSTITUCIONALES
ISSN 0718-0195 · Vol. 22 · Núm. 2 · 2024 · pp. 196-227 · DOI: 10.4067/S0718-52002024000200196
unlawfulness, the justness of the infringement and other aspects, to demonstrate that there
is a violation of the constitutional right to free movement and a case of abuse of power.
Keywords: Constitutional law, sociology of law, fundamental right to freely circulate, right
to park, abuse of authority.
1. Introducción
Los ciudadanos han sido testigos en Colombia, con demasiada frecuencia, de situaciones
en las que autoridades de tránsito, asistidas por empresarios particulares, remolcan con
grúas vehículos estacionados en vías públicas secundarias o, incluso, en “bahías de parqueo”,
para ser trasladados a parqueaderos, “patios” o “corrales” e inmovilizados, además de ser
sancionados con la imposición de una multa por infringir la prohibición de estacionar en
la vía.
Los operativos anteriores se realizan con la intervención de grúas que pertenecen a em-
presarios privados que cobran una tarifa por enganchar y trasladar los vehículos afectados
a los parqueaderos designados, cuyos propietarios también perciben ingresos por asegurar
la inmovilización de los automotores, forzosamente depositados hasta que la totalidad de
los importes y multa generados sean sufragados. La policía acompaña como escoltas a los
empleados de los empresarios que ejecutan las incautaciones, además de lo cual imponen las
multas derivadas de los “partes” o comparendos. A su vez, las administraciones locales se
benecian económicamente de los ingresos imputados a las multas. El dueño del automotor,
después de sobreponerse a la primera impresión que le produce observar que su vehículo
no está donde lo dejó, es decir, luego de enterarse que no han sido los ladrones, sino los
policías, coadyuvados por empresarios, quienes han tomado su automotor, deberá pagar
altas sumas de dinero para rescatar el vehículo. Si este o su propietario deben impuestos u
otras multas de tránsito también deberán amortizarlas para poder liberarlo.
La cuestión anterior plantea varios interrogantes. ¿Cuál es el propósito del procedimien-
to y las sanciones que se acaban de describir? ¿La administración obra de acuerdo con la
ley al imponer estos controles? ¿Quienes se estacionan en lugares prohibidos como los re-
lacionados en el primer párrafo obran de manera injusta? ¿Las regulaciones jurídicas en la
materia, expedidas por las autoridades y las acciones ejecutadas en virtud de aquellas, son
justas? Tiene que verse, a propósito de los interrogantes anteriores, si las nalidades de las
normas se cumplen, lo que debe vericarse con datos de las autoridades de movilidad y con
la observación de sus actuaciones. Así mismo, cabe revisar si las posturas y actitudes de las
ESTUDIOS CONSTITUCIONALES
ISSN 0718-0195 · Vol. 22 · Núm. 2 · 2024 · pp. 196-227 · DOI: 10.4067/S0718-52002024000200196
G. Silva García
B. Pérez Salazar artículo de inveStiGación
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administraciones locales en el ámbito de la reglamentación de la movilidad están ajustadas
a la moralidad o, al contrario, puede discutirse la inmoralidad de los gestores del tránsito.
Pero, sobre todo, ¿el derecho fundamental a la libre circulación está adecuadamente pro-
tegido o es vulnerado por agentes del Estado? A resolver las incógnitas anteriores y otros
asuntos derivados de ellas, tanto o más importantes, se dedica este artículo, que deberá
construir respuestas que condensen las distintas aristas y facetas que están involucradas.
Los cuestionamientos referidos tienen relevancia en todo el territorio de Colombia, pues,
como se verá, las disposiciones que los regulan son nacionales. Sin embargo, la información
sobre la aplicación de las normas que será utilizada en los análisis corresponde a Bogotá.
Aunque los problemas de la ejecución de las normas concurren en todo el país, en especial
en las grandes ciudades, se ha seleccionado Bogotá pues es la capital, la ciudad más poblada
y con más vehículos e, igualmente, es aquella donde los conictos originados en la tipología
de casos estudiados son más comunes3.
En términos teóricos este es un trabajo de derecho constitucional, referido al derecho
fundamental a la libre circulación, el cual ha sido desarrollado bajo la perspectiva del nuevo
constitucionalismo o constitucionalismo crítico, con una importante trayectoria y posición en el
pensamiento jurídico latinoamericano4. Se trata del constitucionalismo transformador, promo-
vido desde el Sur global, que pretende plasmar una crítica sobre el ejercicio del poder para
lograr cambios efectivos en la democratización de las sociedades latinoamericanas, que las
hagan más inclusivas e igualitarias, con predominio del valor constitucional de la libertad5.
Con todo, es un trabajo notablemente interdisciplinario, en tanto que corresponde tam-
bién al objeto de estudio de la sociología jurídica, en particular penal, cuando se trata de
examinar el problema del abuso de poder6. Así mismo, se enmarca dentro de un enfoque
que en el derecho constitucional y la sociología jurídica ha buscado indagar sobre la pro-
tección jurídica de los grupos más vulnerables y acerca de los crímenes de los poderosos,
desde la perspectiva del Sur global7. Convoca de manera adicional a la losofía del derecho
con relación al debate sobre lo justo y lo injusto y, desde luego, a la dogmática jurídica
3 “En Bogotá, circulan cerca de 2.400.000 vehículos. De estos, el 50% son automóviles, el 20% motocicletas y el 14%, ca-
mionetas. Solo un 5% corresponde a transporte de servicio público y un 2%, a taxis amarillos”, Oróstegui (2021).
4 Llano y Silva (2018), pp. 59-73.
5 Bogdandy (2021-2022), pp. 11-19.
6 Silva et al. (2018), pp. 11-31.
7 Carvajal (2010), pp. 16 y ss.; Carrington et al. (2016), pp. 1-20; Silva et al. (2019), pp. 1136-1196; Navas (2020), pp.
11-21; Silva et al. (2021); Silva y Pérez (2021), pp. 61-80; Llano (2022), pp. 17 y ss.; Silva et al. (2022), pp. 179-199.
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