Test de drogas: Diez funcionarios del Poder Judicial y cuatro del M. Público marcaron positivo
Un total de 10 personas, entre funcionarios del Poder Judicial y de la Corporación Administrativa (CAPJ) de este, marcaron positivo a cocaína o marihuana en el control de consumo de drogas que realizó la institución en 2017. La muestra estaba compuesta por un universo de 541 empleados. El mismo test se aplica en el Ministerio Público y la Defensoría (ver recuadro).
La cifra está dentro de un margen de estabilidad en relación con resultados de los últimos años, pero puede ser considerada alta al revisarse la evolución histórica de los mismos.
Estos exámenes aleatorios comenzaron a aplicarse hace prácticamente una década, con el auto acordado de la Corte Suprema y reglamento, que estableció normas para la prevención y supervigilancia del consumo de estupefacientes y psicotrópicos. Desde entonces, cada enero se realiza mediante tómbola informática un test a un grupo de funcionarios.
Solo fue distinto el primer año de implementación de esta normativa, cuando la muestra fue constituida de manera voluntaria por los ministros de la Corte Suprema y los directivos de la CAPJ.
La tasa de consumo promedio entre 2008 y 2014 fue de 2,2 personas (alrededor del 1%), dándose en 2015 la única variación al alza de relevancia, cuando 15 funcionarios marcaron positivo (2,9%). Al año siguiente, la cifra bajó a nueve.
Cada persona que arroja un resultado positivo debe -de acuerdo al auto acordado y reglamento sobre la materia- someterse a una evaluación clínica con un psiquiatra o psicólogo experto en adicciones, para determinar el tipo de consumo y emitir un informe con recomendaciones en cada caso. Además se les controla posteriormente.
Para el abogado y profesor de derecho UDP Juan Enrique Vargas, sin embargo, "consideradas las cifras a la luz de la prevalencia del consumo de drogas a nivel nacional, no debieran llamar mayormente la atención, pero sin dudas preocupan si se atiende al rol que juega el Poder Judicial en la materia, pues eventualmente -y dependiendo del rol que juegan en su interior los funcionarios afectados- pudiese disminuir su capacidad de actuar eficaz e independientemente no solo en casos de tráfico, sino en cualquiera".
Su par de la U. Católica, Cristóbal Bonacic, coincide en este último punto. "El consumo de drogas dentro de instituciones que inciden en las investigaciones por ese tipo de delitos resulta siempre delicado", dice.
"El Mercurio" accedió a estas estadísticas mediante Ley de Transparencia.
Modificaciones pendientes
Si se...
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