Tasa máxima convencional: efectos del cambio en la regulación en el tipo de endeudamiento
LIBERTAD Y DESARROLLO
TEMAS PÚBLICOS
www.lyd.org
Nº 1360 - 2
20 de julio de 2018
ISSN 0717-1528
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TASA MÁXIMA CONVENCIONAL: EFECTOS DEL CAMBIO EN
LA REGULACIÓN EN EL TIPO DE ENDEUDAMIENTO
La Tasa Máxima Convencional (TMC) existe en Chile desde 1929 con el objetivo de
limitar el cobro de intereses por concepto de créditos otorgados a las personas.
Esta imposición legal se fundamenta en la protección de los clientes, dadas las
asimetrías de información que pudieran existir entre ellos y las instituciones
financieras. A lo largo del tiempo, tanto la forma en que se calcula este límite
máximo como el ente responsable de su publicación, ha ido cambiando.
Entre 1929 y 1974 (Ley N° 4.694), el responsable de su publicación era el Banco
Central de Chile (BCCh) con periodicidad semestral, y se estableció que la TMC no
podía exceder el 50% del promedio del interés bancario del semestre anterior.
Entre los años 1953 y 1965 rigió una modificación legal (Ley N° 11.234) que llevó el
porcentaje aplicable sobre el interés promedio a un 20%. Entre los años 1966 y
1974, en tanto, el porcentaje aplicable sobre el interés promedio se fijó
nuevamente en 50% (Ley N° 16.464). Durante el período 1974-1981 se migró hacia
una periodicidad mensual.
En 1981, bajo la Ley 18.010, la nueva institución responsable de la TMC fue -y es
hasta ahora- la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF). Se
estableció que no podía estipularse un interés que excediera en más de un 50% al
interés corriente, definido como el promedio del interés asociado a las
Aun con información poco detallada del mercado del crédito informal en Chile, se visualiza un
aumento significativo de los hogares que acceden a mercados informales para la obtención de
créditos.
Lo anterior estaría relacionado con el cambio en la metodología para calcular la Tasa Máxima
Convencional, que significó una baja importante de la misma.
En especial para aquellos créditos menores a 50 UF, sería necesaria una revisión de la
normativa y una corrección que incorpore efectivamente las características del tramo que se
está regulando, tomando como referencia no sólo los bancos, sino también los demás actores
formales del sector.
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