Sentencia Nº T-74-2019 de Juzgado de Letras del Trabajo de Punta Arenas, 20-02-2021 - Jurisprudencia - VLEX 868411614

Sentencia Nº T-74-2019 de Juzgado de Letras del Trabajo de Punta Arenas, 20-02-2021

EmisorJuzgado de Letras del Trabajo de Punta Arenas
MateriaNulidad del despido

Punta Arenas, veinte de febrero de dos mil veintiuno.

VISTOS, OIDOS Y CONSIDERANDO:

Primero: Que comparece don Pablo Andrés Bussenius Cornejo, abogado, en representación convencional de don Luis Orlando Navarro Almonacid, chileno, soltero, psicopedagogo, C.N.I. N° 18.902.963-2, ambos domiciliados para estos efectos en calle Lautaro Navarro N° 1066, Oficina 403, comuna y ciudad de Punta Arenas, quien interpone tutela por vulneración de derechos fundamentales producida con ocasión del despido y conjuntamente, acciones de declaración de laboralidad y cobro de prestaciones, en contra de su ex empleador Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (en adelante “PNUD”), representado legalmente para estos efectos por doña Marcela Alejandra Ríos Tobar, Representante Residente Adjunta del PNUD, ambos con domicilio en calle Dag Hammarskjold N° 3241, comuna de Vitacura, ciudad de Santiago, Región Metropolitana, o por quien en el momento de la notificación de la presente demanda, realice las funciones descritas en el artículo 4 del Código del Trabajo, que haga posible la presunción de derecho establecida en dicha norma; y solidaria o subsidiariamente de acuerdo al mérito del proceso, en contra del Instituto Nacional de la Juventud, representado legalmente por su Director Nacional don Mirko Felipe Salfate Yutronic, arquitecto, ambos con domicilio en Calle Agustinas N° 1564, Comuna y Ciudad de Santiago, Región Metropolitana, o por quien en el momento de la notificación de la presente demanda, realice las funciones descritas en el citado artículo 4, lo anterior de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 183-B y siguientes del Código del Trabajo, en su defecto en forma subsidiaria conforme al artículo 183-D previa cita de los artículos 1, 4, 5, 6, 7, 19 Nº 4 y 16, 76 de la Constitución Política de la República, 11 de la Ley N° 18.834, 1, 2, 7, 8, 9, 73, 159, 162, 163, 168, 444 y siguientes, 485 y siguientes del Código del Trabajo, solicita:

1. Que se declare la existencia de relación laboral con la denunciada entre el día 1 de julio de 2017 y el 30 de junio de 2019, bajo las características derivadas del contrato de trabajo consignada en el artículo 7° del Código del Trabajo.

2. Que se declare que la denunciada ha vulnerado las garantías relativas al derecho a la honra y a la no discriminación, consagradas en la Constitución Política de la República.

3. Que se condene al pago de las siguientes prestaciones:

3.1 Indemnización establecida en el inciso 3° del artículo 489 del Código del Trabajo, correspondiente a once remuneraciones, equivalentes a $8.714.981 o la suma que estime en justicia.

3.2. Indemnización sustitutiva del aviso previo prevista en el inciso 4° del artículo 162 del Código del Trabajo equivalente a $792.271.- o la suma que se estime pertinente según el mérito de autos.

3.3. Indemnización por dos años de servicios prevista en el inciso 2° del artículo 163 del Código del Trabajo, equivalente a $1.584.542.- o la suma que se determine en definitiva.

3.4. Recargo de un 50% establecido en la letra b del artículo 168 del Código del Trabajo, 50% equivalente a $792.271.- o la suma que se estime pertinente.

5. Que de conformidad al artículo 4953 del Código del Trabajo como medidas dirigidas a obtener la reparación de las consecuencias derivadas de la vulneración de derechos, bajo apercibimiento del artículo 492 del Código del Trabajo, se decrete:

5.1. Que se ordene asistir a la Coordinadora Regional a un curso de capacitación sobre la garantía de la no discriminación en el empleo público de a lo menos dos horas de duración;

5.2 Que se realice una intervención en materia de Clima Laboral en el INJUV Magallanes y se otorguen las correspondientes disculpas por escrito al trabajador por haber lesionado sus derechos fundamentales con ocasión del despido, la que será remitida al domicilio del trabajador por correo certificado y/o cualesquiera otra medida que se considere idónea para obtener la reparación de las consecuencias del acto lesivo.

6. Que se condene a la demandada al pago de las prestaciones reclamadas con el interés y reajuste conforme al artículo 63 del Código del Trabajo o la suma que se estime pertinente según el mérito de autos.

7. Que condene al pago de las costas de la presente causa.

Funda el libelo en los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

Su representado comenzó a prestar servicios personales para el PNUD con fecha 01 de julio de 2017, bajo subordinación y dependencia, a pesar de haber suscrito múltiples y sucesivos “Contratos de Servicios” con el PNUD, desde el 01 de julio de 2017 hasta el 30 de junio de 2019 (01/07/2017 hasta 31/12/2017, 01/01/2018 hasta 30/06/2018; 01/07/2018 hasta 31/12/2018 y 01/01/2019 hasta 30/06/2019), los que en su materialidad no eran tales. Con fecha 30 de junio de 2019 se puso término a su formal contratación.

De acuerdo con lo consignado en dichos contratos, prestó servicios a favor de la demandada en calidad de Coordinador de Programas, Región de Magallanes; cumplió una jornada semanal de 44 horas, de lunes a jueves de 08:30 a 17:30 horas y los viernes de 08:30 a 16:30 horas; prestó los servicios en dependencias del Instituto Nacional de la Juventud (en adelante INJUV), ubicadas en calle Lautaro Navarro 631, Punta Arenas y, en los hechos, pese a estar contratado por PNUD, sus labores se encuadraban dentro de las acciones que desarrollaba INJUV. Así quienes le daban órdenes y dirigían su trabajo eran los respectivos jefes de INJUV; prestaba servicios en diversos programas que desarrollaba INJUV; prestaba servicios en dependencias de INJUV con insumos de trabajo y en conjunto con funcionarios de dicho Servicio.

Su remuneración mensual a la fecha de su despido y para efectos del artículo 172 del Código del Trabajo, ascendía a $792.271.-.

Los contratos suscritos por su representado lo fueron en el marco del Proyecto “90299: Políticas Públicas de Juventud” suscrito entre el PNUD y el INJUV, que corresponde a convenios sucesivos plurianuales que se celebran desde el año 2005 a la fecha, el cual ha sido objeto de tres renovaciones (2010, 2014 y 2016). El acuerdo vigente con el PNUD establece un plan de trabajo a cuatro años y busca intervenir en tres ejes fundamentales considerados necesarios para un adecuado abordaje de la realidad juvenil en Chile y sus respectivas brechas de desarrollo. Por un lado, proyecta fortalecer las capacidades institucionales del Instituto para la generación, análisis y difusión de información sistematizada y actualizada al tiempo que se fomentan las instancias de capacitación, conectividad y promoción que faciliten el intercambio, aprendizaje, asociatividad e inclusión social de y entre jóvenes y finalmente, proyecta fortalecer las instancias para la promoción de la participación ciudadana y empoderamiento de los jóvenes. Su presupuesto total es de US$ 13,3 millones, el segundo mayor contrato de esta institución multilateral con el Estado chileno, superado sólo por el que ha firmado el PNUD con el Ministerio de Salud. Entre los programas desarrollados por el PNUD en virtud de su convenio con el INJUV, figuran “Activo País Territorial” y “Activo País Público”, “Escuelas De Ciudadanía”, “Gestión Vive Tus Parques” y “Desayunos Públicos”. Todas estas iniciativas apuntan a promover la participación ciudadana y el compromiso cívico de los jóvenes.

En estos proyectos se desarrollan actividades destinadas a ocupar el tiempo libre y entregar nociones básicas de educación cívica y emprendimiento, principalmente. También hay talleres de cultura, música y actividades deportivas. El PNUD también gestiona el programa “Tarjeta joven”, que permite acceder a descuentos y beneficios en el mercado. Además, el personal contratado por el PNUD administra una red de Infocentros, que son lugares de acceso público y gratuito a Internet, que hasta hace un par de años sí constituían un aporte de política pública, ya que permitía a los jóvenes de las familias más pobres conectarse al mundo digital.

El día 28 de junio del 2019, dos días antes del término de su relación laboral, su representado fue informado verbalmente de que no se renovaría su “Contrato de Servicios” con el PNUD y que a contar del lunes 01 de julio no debía presentarse más a trabajar, todo ello sin entregarse carta de despido ni finiquito y sin indicarse una causal legal de las contenidas en el Código del Trabajo, infringiéndose así expresamente el artículo 162 inciso del Código del Trabajo, además, no se acreditaron los pagos previsionales correspondientes a todo el periodo de la relación laboral, entre otras irregularidades.

El 1° de julio de 2017, el denunciante comenzó a prestar funciones en el INJUV, en virtud del citado Proyecto “90299: Políticas Públicas de Juventud” del PNUD. Si bien fue contratado por el PNUD, sus funciones nunca estuvieron circunscritas sólo al ámbito de su contratación, pues abarcaron tareas propias del INJUV, referidas a la coordinación de talleres, generación de convenios, emisión de la Tarjeta Joven, organización y ejecución de cine itinerante, reemplazos en OIRS, elaboración de certificados de residencia, envío de correspondencia, animación de eventos INJUV, instalación de amplificación y atención de público, entre otras. Primando siempre el espíritu de colaboración entre los miembros del equipo, lo que permitía el cumplimiento de las metas y sacar adelante los programas.

En diciembre de 2018, su representado vivió una situación personal muy compleja, debido a...

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