Sentencia Nº O-8082-2019 de 1º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, 16-02-2021 - Jurisprudencia - VLEX 868415010

Sentencia Nº O-8082-2019 de 1º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, 16-02-2021

Emisor1º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago
MateriaSemana corrida

PROCEDIMIENTO : Aplicación General

MATERIA : Relación laboral. Despido injustificado, nulidad del mismo, cobro prestaciones

DEMANDANTE : Rosa Inés Fernández Ríos

DEMANDADO : Principal Compañía de Seguros de Vida Chile S.A.

RIT : 0 – 8082-2019

RUC : 19-4-0233173-1


Santiago, dieciséis de febrero de dos mil veintiuno.

VISTOS, OIDOS, CONSIDERANDO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Demanda. Que, ha comparecido doña ROSA INES FERNANDEZ RIOS, Rut 6.578.590-0, ejecutiva de ventas, domiciliada en Huampani N° 1222, comuna de Las Condes, Santiago, debidamente representada por el abogado Claudio Rivera Canihuante, Rut 5.817.115-8, con domicilio en Valentín Letelier N° 1373, Oficina 1002, Santiago, quien interpone demanda en procedimiento de aplicación general por declaración de relación laboral, despido injustificado, nulidad del despido y cobro de prestaciones laborales, en contra de su ex empleadora PRINCIPAL COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A., Rut 96.588.080-1, del giro de su denominación, representada legalmente por Horacio Morande Contardo, Rut 13.241.237-5, factor de comercio, ambos domiciliados en Apoquindo N° 3600, piso 6, comuna de Las Condes, Santiago, sobre la base de las siguientes consideraciones:

1.- EN CUANTO AL INICIO DE LA RELACIÓN LABORAL

Refiere que ingresó a prestar servicios para la demandada el 06 de mayo de 2005 bajo vínculo de subordinación y dependencia, con contrato de trabajo de duración indefinida, para desempeñarse en el puesto de agente de venta de rentas vitalicias.

Indica que su remuneración era variable; el promedio de los último 3 meses trabajados completamente (julio, agosto, septiembre de 2019) anteriores a su despido ascendía a la suma de $5.826.629.- (cinco millones ochocientos veintiséis mil seiscientos veintinueve pesos) mensuales.

Agrega que cumplía una jornada laboral a tiempo completo, de lunes a viernes, sin sujeción a limitación de jornada en virtud de lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 22 del Código del Trabajo, por tratarse de un agente comisionista. En los hechos, la actora ingresaba a las oficinas de PRINCIPAL ubicadas en Bandera 76, Of. 502 Santiago, en torno a las 9.00 horas y se dirigía la AFP o atendía los clientes en la misma oficina. Al menos dos veces al mes, los días jueves, tenía jornadas de capacitación desde las 15.00 horas hasta las 18.00 horas. Cabe resaltar que estas reuniones eran de carácter obligatorio.

Aseguró que su empleadora le proporcionaba un lugar físico estable que ocupaba diariamente para trabajar y un lugar donde guardar sus especies personales, en donde su jefe directo era el supervisor Marcial Catalán, durante el último año; cargo que anteriormente ocupaba Felipe Mugggli, entre 2008 y 2010.

Expone que en la relación laboral con la demandada se encontraban presentes todos y cada uno de los elementos del contrato de trabajo, tales como subordinación y dependencia, exclusividad, continuidad en la prestación de los servicios, asistencia diaria, periodicidad en las remuneraciones, entre otros. Pese a ello, la demandada ha forzado artificialmente un contrato de naturaleza civil desde el inicio de su relación laboral, situación que debe ser remediada por el tribunal declarando la existencia de la relación laboral, condenando a la demandada al pago de todas las obligaciones y a las demás indemnizaciones y prestaciones que se detallarán más adelante.


2. TÉRMINO DE LA RELACIÓN LABORAL


Señaló que la demandada recurriendo a un subterfugio de hacer suscribir a la trabajadora un contrato de prestación de servicios y exigiéndole emitir boletas de honorarios, la demandada no cumplió su obligación de enterar cotizaciones previsionales y de seguridad social en las instituciones respectivas, pagar vacaciones, gratificaciones y, en fin, dejó de cumplir las leyes laborales y sociales, vulnerando los derechos más básicos de la actora en su calidad de trabajadora.

Agregó que con fecha 13 de octubre de 2019, PRINCIPAL puso término en forma absolutamente arbitraria e ilegal al contrato de trabajo que les unía, mediante carta de despido, sin invocar causal alguna de término de contrato de trabajo, la cual es del siguiente tenor:

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, comunicamos a usted que Principal Administradora General de Fondos S.A. y Principal Compañía de Seguros de Vida S.A. han decido poner término anticipados al convenio de prestación de servicios suscrito entre las partes con fecha 20/10/2008 a contar del 13/10/2019 del presente año.

La presente comunicación da cumplimiento a lo establecido en la cláusula quinta de dicho contrato.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., “

Indicó que la carta de aviso de término de contrato no contiene causal ni fundamento alguno, haciendo patente la precaria situación en que la demandada tenía a la trabajadora y, en definitiva, dejándola de manera repentina sin fuente laboral, sin indemnización de ningún tipo, ni seguro de cesantía, luego de más de 14 años prestando servicios de manera exclusiva y continua para la demandada.

Agregó que más allá de las apariencias de un contrato civil que ha pretendido la demandada durante la relación laboral, lo cierto es que entre PRINCIPAL COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A y ella, existió un contrato de trabajo al cual la demandada puso término sin invocar causal legal alguna, por lo que dicho despido deberá ser declarado como injustificado.

Aseguró que además de lo señalado anteriormente la demandada incurrió durante toda la relación laboral en graves incumplimientos a las obligaciones que imponía su contrato de trabajo, en particular, no escriturarlo como tal, no enterar íntegramente las cotizaciones previsionales y de seguridad social en las instituciones respectivas durante la vigencia del contrato; no pagar vacaciones, gratificaciones, beneficio de la semana corrida y demás prestaciones propias del contrato de trabajo, todo ello a partir del ingreso del trabajadora a PRINCIPAL el 06 de mayo de 2005.

Afirmó que al momento del despido, la demandada no había pagado de forma alguna sus cotizaciones previsionales y de seguridad social, hecho por el cual procede que se declare y aplique la sanción de nulidad del despido.

3. NATURALEZA DEL CONTRATO DE AGENTE DE RENTAS VITALICIAS

Refirió que pese a la suscripción formal de un contrato de prestación de servicios a honorarios, en los hechos, se daban todos y cada uno de los elementos del contrato de trabajo, ya que la actora realizaba las funciones de agente de ventas de renta vitalicia, acorde a la existencia de una relación laboral de subordinación y dependencia.

Agregó que sus funciones durante toda relación laboral fueron las de vendedora de rentas vitalicias para la demandada, con un contrato de exclusividad, esto es, que no podía vender seguros a favor de otras compañías. En efecto, para poder ejercer su función, la compañía la inscribió como agente de ventas de aquella, según la norma del art 57 del DFL 251 sobre Compañías de Seguros, la que prescribe que son agentes de ventas las personas que se dedican a la comercialización o venta de seguros por cuenta de una compañía, no pudiendo prestar tales servicios en más de una compañía aseguradora en cada grupo de seguros. Esto es, debía prestar sus funciones con exclusividad para la demandada.

Refiere que para realizar su labor de ventas de rentas vitalicias, asistía todos los días, de lunes a viernes, a las oficinas de PRINCIPAL ubicadas en Bandera 76, Of. 502 Santiago a la cual ingresaba en torno a las 09:00 horas.

Afirmó que la asistencia diaria era necesaria para recibir a los clientes, atender las llamadas, preparar e informar la documentación de los negocios que iba cerrando o que se encontraba tramitando, reportar las gestiones que tenía a su cargo, sobre todo respecto a aquellos clientes que le ordenaba contactar su jefatura, asistir a las reuniones de su equipo de ventas,

Indicó que como no estaba sujeta a limitación de jornada en virtud de lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 22 del Código del Trabajo, por tratarse de un agente comisionista, no había un sistema de control del ingreso y salida de las oficinas. Sin perjuicio de ello, en los hechos, concurría todos los días a las oficinas de la demandada en los horarios ya indicados, sin perjuicio, de aquellas funciones propias del cargo que se realizaban en terreno (tales como trámites en notarías, AFP o visitas a clientes).

Afirmó que sus funciones las realizaba fundamentalmente en las dependencias de la demandada, en una oficina ubicada en el edificio corporativo de PRINCIPAL, específicamente ubicado en Bandera 76 oficina 502, correspondiente al equipo de ventas a que estaba asignado la actora. Esta oficina contaba con computadores, escritorios, impresoras, teléfonos, libro de recados para los agentes, lockers, baños exclusivos para los agentes, cafetería, salas de reunión, etc.; todo ello proporcionado y financiado por la demandada. El edificio también contaba con salas especiales donde los agentes realizaban algunas de sus capacitaciones.

Aseguró que el vínculo de subordinación y dependencia con la demandada se establece claramente, por la circunstancia de tener jefes y supervisores que, tanto a ella, como a sus compañeros del equipo de ventas, los instruían, coordinaban y corregían...

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