Sentencia nº 6132-2026 de Corte Suprema - TERCERA, CONSTITUCIONAL, 14-07-2026

D.T., Fernando Antonio Prefectura de Carabineros del Limarí Recurso de protección Rol Nº2162-2025 La Serena, veintiocho de enero de dos mil veintiséis VISTOS Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que, comparece el abogado don J.P.C.C., en representación de don F.A.D.T., cédula de identidad N°21.253.419-6, en contra de la Resolución Exenta N°09, de 24 de noviembre de 2025, emitida por el Prefecto (s) de la Prefectura del Limarí, la que dispone su baja por conducta mala con efectos inmediatos, alegando vulneración de las garantías de los números 1, 2, 4, 24 y 26 del artículo 19 de la Constitución Política de la República Expone que la resolución impugnada funda la baja del recurrente por "conducta mala, con efectos inmediatos”, en la aplicación del artículo 127 N°4 del Reglamento N°8 de Carabineros de Chile, dictado en el año 1959, norma de carácter meramente reglamentario y preconstitucional, cuya aplicación señala ser jurídicamente improcedente por colisionar con el bloque constitucional de derechos fundamentales actualmente vigente, generándose así una antinomia normativa entre, por una parte, una disposición reglamentaria inferior, dictada con anterioridad a la Constitución Política de 1980, que habilitaría a la autoridad administrativa para disponer la baja inmediata de un funcionario sin la tramitación previa de un sumario administrativo, y, por otra, la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y vigentes, que imponen como exigencia mínima e inderogable que toda sanción administrativa —y con mayor razón una de carácter expulsivo— emane de un procedimiento racional y justo. Señala que esta antinomia debe resolverse a favor de la Constitución Política de la República, excluyendo la aplicación del referido artículo 127 N°4 del Reglamento, por ser la primera una norma de superior rango legal, debiéndose entender tácitamente derogado todo aquello que permite la baja inmediata sin procedimiento Concluye que la resolución impugnada al fundarse en el artículo 127 N°4 del Reglamento N°8 para disponer la baja por conducta mala con efectos inmediatos y sin sumario previo, incurre en ilegalidad y arbitrariedad manifiesta, al aplicar una norma reglamentaria incompatible con la Constitución y el bloque constitucional de derechos fundamentales Expone en cuanto a los hechos, que su representado era hasta el 24 de noviembre de 2025 funcionario de Carabineros, del escalón más bajo del sistema jerárquico de la Institución, con solo 1 año de servicio. Alega que la resolución impugnada sostiene que su representado habría reconocido “libre y voluntariamente” mantener una relación sentimental con una menor de iniciales K.S.V.M., de 15 años, lo cual no se ajusta a la realidad y a lo declarado por el recurrente, incurriendo la autoridad administrativa en una tergiversación sustantiva de sus dichos, que resulta decisiva para la calificación jurídica efectuada y para la aplicación de la sanción extrema que se impugna. Aclara que lo declarado por el recurrente fue que sostuvo una relación afectiva con una persona que le indicó expresamente ser mayor de edad, de 18 años. Indica que no fue ponderado que la contextura física, apariencia y comportamiento social de la adolescente no podía hacer inferir que era una menor de edad, además, la visitaba en su casa en presencia de su madre quien mantuvo una actitud pasiva, lo que confirmó su convicción de que la joven era mayor de edad. Añade que la resolución carece de fundamentación, pues la autoridad no explica cómo ni por qué desestima la alegación de desconocimiento de la edad, ni de qué manera descarta la razonabilidad de dicho error, limitándose a afirmar, sin análisis alguno, que existiría un reconocimiento libre y voluntario de una conducta que su representado nunca admitió en los términos que se le imputan. Se refiere al contexto en que fue prestada la declaración del recurrente, indicando que era un entorno institucional claramente hostil, en un escenario marcado por una evidente asimetría de poder, y que fue conducido a declarar, sin información clara sobre sus derechos, o las consecuencias y sin asistencia de un abogado, por lo que arguye, que es improcedente sostener que su declaración fue prestada de forma libre, y tampoco fue prestada de forma voluntaria, sino que fue obtenida en un contexto de coacción emocional. Alega que la resolución impugnada, sostiene además, que su representado mientras se encontraba de servicio y portando su uniforme y armamento fiscal, se habría tomado fotografías de contenido sexual que posteriormente fueron publicadas en redes sociales, lo cual refiere ser una grave simplificación de los hechos y de una errónea imputación de responsabilidad, al prescindir del contexto real en que tales circunstancias ocurrieron, y de los límites objetivos de control y previsibilidad que le eran exigibles. Indica que las fotografías fueron tomadas en un contexto privado al interior de un domicilio particular, en un espacio estrictamente privado, y a solicitud expresa de la propia joven, y fueron dos fotografías aisladas en donde aparece abrazando a la joven, captadas en un contexto íntimo y reservado, sin que existiera por parte de su representado, intención alguna de difusión, publicación o exposición pública de las mismas, ni tenía el control sobre aquel actuar. Sostiene que faltan requisitos para la...