Sentencia nº 29770-2026 de Corte Suprema - CUARTA, MIXTA, 30-06-2026 - vLex Chile

Sentencia nº 29770-2026 de Corte Suprema - CUARTA, MIXTA, 30-06-2026

EmisorSala Cuarta Mixta (Corte Suprema de Chile)
Fecha de sentencia30 Junio 2026
Sentido del falloINADMISIBLE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA, MATERIA UNIFICADA O SIN DISPERSIÓN
Año2026
Rit29770-2026
Tribunal de Origen1° JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE SANTIAGO
PartesBARRIENTOS/ABASTECEDORA DEL COMERCIO SPA
S., treinta de junio de dos mil veintiséis.

Visto y teniendo presente:
Primero: Que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso séptimo del artículo 483-A del Código del Trabajo, se ha ordenado dar cuenta de la admisibilidad del recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la parte demandante en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago que rechazó el de nulidad intentado contra la que acogió parcialmente la demanda de declaración de relación laboral y despido injustificado.

Segundo: Que según se expresa en la legislación laboral, el recurso de unificación de jurisprudencia es susceptible de ser deducido en contra de la resolución que falle el recurso de nulidad, estableciéndose su procedencia para el caso en que “respecto de la materia de derecho objeto del juicio existieren distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de Tribunales Superiores de Justicia”, conforme lo explicita el artículo 483 del Código del Trabajo.

Asimismo, del tenor de lo dispuesto en el artículo 483-A del cuerpo legal antes citado, aparece que esta Corte debe controlar, como requisitos para su admisibilidad, por un lado, su oportunidad; en segundo lugar, la existencia de fundamento, además de una relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones respecto de las materias de derecho objeto de la sentencia, sostenidas en diversos fallos emanados de los tribunales superiores de justicia, y finalmente, debe acompañarse copia del o los fallos que se invocan como fundamento del recurso en referencia.

Tercero: Que, conforme se expresa en el recurso, se propone como materia a unificar la de “dilucidar la interpretación del inciso final del artículo 478 del Código del Trabajo, respecto a la forma de interponer diversas causales de nulidad y si la fórmula de señalar que se interponen en forma “conjunta, pero en forma autónoma o simplemente simultánea” constituye una deficiencia formal que hace inviable el recurso de nulidad en estudio.”
Cuarto: Que, de la sola lectura del libelo entablado, se desprende que el pretendido tema de derecho cuya línea jurisprudencial se procura unificar no constituye un asunto jurídico habilitante de este recurso, sino que concierne al alcance de un requisito de admisibilidad del recurso de nulidad deducido contra la sentencia de la sentencia; por lo que, en consecuencia, debe ser desestimado en este estadio procesal.
Por estas consideraciones y normas citadas, se declara inadmisible el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto en contra de la sentencia de veintidós de abril de dos mil veintiséis.
Regístrese y devuélvase.

Rol N° 29.770-2026.-


C.A. de Santiago Santiago, veintidós de abril de dos mil veintiséis VISTOS Que, por sentencia dictada el seis de febrero de dos mil veinticinco, en causa RIT O-3416-2024, seguida ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, se resolvió acoger parcialmente la demanda interpuesta por Arturo Orlando Barrientos Gallegos en contra de Abastecedora del Comercio SpA, declarando que la relación laboral inicio en febrero de 1980 y finalizó el 8 de febrero de 2024, condenando a la demanda al pago de diferencia de indemnización por años de servicio y declarando que el despido fue justificado, todo sin costas Contra dicho fallo recurrió de nulidad la parte demandante, fundando su recurso en la causal del artículo 477 del Código del Trabajo en su hipótesis de infracción de ley y, de forma conjunta, invoca la causal de nulidad del artículo 478 letra c) del mismo cuerpo legal Declarado admisible el recurso, se procedió a su conocimiento en la audiencia fijada para dicho efecto, oportunidad en que alegaron los abogados de todas las partes Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que comparece A.A.V., abogado, por la parte demandante, e interpone recurso de nulidad fundado en la causal de nulidad del artículo 477 del Código del Trabajo en su hipótesis de infracción de ley, estimando como infringido los artículos 7° transitorio, en relación con los artículos 163 y 172, todos del cuerpo legal ya mencionado; el artículo 9 inciso 1° del Código Civil; y el artículo 22 de la Ley sobre efecto retroactivo de las leyes, respecto de la afirmación efectuada en el fallo de que si bien la relación laboral inició antes de agosto de 1981, no existe normativa alguna que permita considerar para el cálculo de la remuneración para efectos indemnizatorios una remuneración mensual superior a las 90 unidades de fomento mensuales. Arguye que en el considerando noveno del fallo la magistratura se equivocó en el proceso de aplicación legal cometiendo infracciones a través de la contravención formal, la interpretación errónea al otorgar un sentido falso distinto al verdadero concebido por el legislador, y finalmente, mediante la falsa aplicación u omisión de las disposiciones legales protectoras pertinentes. Subraya que el tribunal erró de forma evidente al establecer que no existe absolutamente ninguna normativa habilitante que altere lo señalado en el inciso final del artículo 172 del Código del Trabajo respecto de que no se considerará una remuneración superior a las 90 unidades de fomento en base mensual. Destaca que el debate surge en la aplicación en el tiempo debido a que la Ley N° 19.010, encargada de introducir el límite histórico de las 90 Unidades de Fomento, no incluyó una norma transitoria reguladora; exigiendo con esto la resolución judicial acudiendo a lo estipulado en la Ley sobre Efecto Retroactivo de las Leyes que instituye el deber ineludible de incorporar en todo contrato las leyes vigentes dictadas contemporáneamente al momento originario de la celebración. Acota que en consecuencia la época de formalización contractual fijada fehacientemente en febrero de 1980 exige invocar la imperatividad normativa emanada del texto del artículo 20 del Decreto Ley N° 2.200 del año 1978 vigente a esa data, el cual establecía categóricamente que la liquidación final comprendería invariablemente toda cantidad salarial percibida. Sostiene que el Decreto Ley N° 2.200 no contemplaba en parte alguna el tope sancionatorio actual fijado en las 90 Unidades de Fomento para finiquitar la indemnización por años continuos ni por la falta transitoria de aviso previo. Indica que la demanda exigía primigeniamente pagar por concepto de aviso previo la cantidad no topada correspondiente a la última remuneración restando un adelanto, para obtener el abono de una diferencia calculada lícitamente en $1.079.159 a favor de la víctima. Añade que bajo idéntico parámetro la parte petitoria reclamaba el abono correspondiente a los 44 años consolidados de servicio devengando la cantidad total de $192.945.808, debiendo cobrar, tras cursarse el pertinente descuento del saldo adelantado, una deuda insoluta a firme de $156.580.094. Expone que, al aplicar forzosamente el tope indebido a las bases remuneratorias, la sentenciadora rechazó injustamente cobrar la diferencia en relación al aviso previo y liquidó únicamente la deuda remanente de los años de servicio limitándola a un monto reducido de $109.096.966, materializando así un perjuicio patrimonial contundente y directo tasado aritméticamente en $48.562.487 en total. SEGUNDO: Que, de forma conjunta, pero en forma autónoma o simplemente simultánea, se invoca la causal de nulidad del artículo 478 letra c) del Código del Trabajo, esto es, cuando sea necesaria la alteración de la calificación jurídica de los hechos, sin modificar las conclusiones fácticas del tribunal inferior, respecto de la decisión de la sentenciadora de estimar que en la carta de despido se indican razones concretas para justificar el despido y que estas fueron acreditadas, permitiendo configurar un nexo causal entre los hechos fácticos expuestos en aquella y la desvinculación del actor. Señala el recurso que la carta de despido fundamentó expresamente los despidos apuntando retrospectivamente a estragos gestados durante la crisis social chilena desde el día 18 de octubre de 2019, la baja mercantil por la pandemia del virus Covid-19, las utilidades reportadas negativamente en años tributarios pasados y el cierre inexorable de instalaciones corporativas. Por su parte, en el fallo se tiene por acreditado que la crisis exigió modificar el giro eliminando divisiones como marketing y exigiendo drásticamente nuevas competencias, exigencias profesionales, técnicas y aptitudes periciales para enfrentar clientes en un mercado nuevo con perfiles diferentes, lo cual fue expuesto con la documentación de dotación de la Inspección del Trabajo, constancias financieras del S.I.I. y testimonial. Explica el recurrente que, partiendo rigurosamente de esos mismos hechos ya inmodificables, el tribunal configuró la justificación de la causal asumiendo arbitrariamente que todos estos hechos probados de años anteriores al despido constituían una necesidad empresarial forzosa aplicable para el presente, cometiendo, estima el recurrente, un yerro doctrinal que atañe teóricamente tanto a una calificación jurídica propiamente dicha como a una calificación jurídica en calidad de valoración. Alega el recurso que se transgrede brutalmente toda norma analítica de la lógica pretender que una desvinculación originada a mediados del mes de febrero de 2024 tenga asidero causal en pérdidas financieras provenientes desde el año 2017 o mermas ocasionadas por acontecimientos de estallido del año 2019. Argumenta que justificar reestructuraciones modernas aduciendo hechos pretéritos y eventos extemporáneos de 2020 resulta insostenible e inadmisible ante la lógica procesal para fundar reducciones de plantilla contemporáneas. Expone que producto de la calificación incorrecta, la jueza inferior desestimó la procedencia del recargo agravado del 30% equivalente a $57.883.742, denegando correlativamente la restitución solicitada del dinero secuestrado por el Seguro de Cesantía ascendente a $1.189.402, provocando consecuentemente un perjuicio total acumulado cuantificable...

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