Sentencia Nº O-28-2019 de Juzgado de Letras de Diego de Almagro, 10-07-2020 - Jurisprudencia - VLEX 850670870

Sentencia Nº O-28-2019 de Juzgado de Letras de Diego de Almagro, 10-07-2020

EmisorJuzgado de Letras de Diego de Almagro
MateriaDesafuero Maternal

Diego de Almagro, diez de julio de dos mil veinte.


VISTOS, OIDOS Y CONSIDERANDO:


PRIMERO: Comparece don RAUL ALEJANDRO WEISHAUPT HIDALGO, abogado, con domicilio en calle O’Higgins N° 716, oficina 22, Copiapó, en representación, de la FUNDACIÓN EDUCACIONAL EL SALVADOR, persona jurídica de derecho privado del giro de su nombre, Rut N° 73.435.300-0, con domicilio en Avenida Diego Portales N° 1510, El Salvador, Diego de Almagro, en adelante Fees en deducir demanda laboral de desafuero maternal en contra de EVELYN PATRICIA NUÑEZ VILLALOBOS, cédula d identidad N° 13.977.193-1, administradora de empresas, domiciliada en calle Chuquicamata N° 520, El Salvador, comuna de Diego de Almagro, por los antecedentes de hecho y derecho que paso a exponer:

Antecedentes Laborales.

Que, por contrato de trabajo de 01 de enero del año 2000, en calidad de “auxiliar de contabilidad en la Unidad Administrativa de la Fundación” se acordó a plazo fijo hasta el día 31 de diciembre del año 2000. Luego, las partes celebraron un nuevo contrato de trabajo de 01 de enero de 2001, para prestar servicio como “auxiliar de contabilidad en la Unidad Administrativa de la Fundación”. Este contrato se pactó también a plazo fijo, con vigencia hasta 31 de diciembre del año 2001. Posteriormente, de fecha 01 de enero de 2002, se celebra entre las partes un nuevo contrato de trabajo, para desempeñar la misma labor antes señalada, acordándose esta vez que el contrato de trabajo tendría el carácter de indefinido. A continuación, mediante documento de fecha 01 de marzo de 2004, las partes acordaron sustituir el contrato de trabajo anterior por el que se contiene en dicho documento, conforme al cual la trabajadora prestaría servicios como “Auxiliar de Contabilidad de la Unidad Administrativa de la Fundación”. Luego, mediante anexo de contrato de fecha 31 de diciembre de 2004, se acordó una jornada de 45 horas semanales, distribuidas de Lunes a Viernes de 08;00 a 13;00 horas, y de 14;30 a 18;30 horas, más el día sábado de 09;00 a 11;30 horas.

Es así como mediante anexo de contrato de 23 de mayo de 2016, las partes acordaron que la trabajadora, a partir de esa fecha, desempeñaría la labor de Directora de Administración y Finanzas de Fees, en carácter de interina, recibiendo en forma adicional una “asignación de Dirección” por la suma de $625.000. Luego, mediante anexo de contrato de fecha 01 de noviembre de 2016, se acordó que la trabajadora desempeñaría el cargo de Directora de Administración y Finanzas, en el carácter de titular. Cabe agregar además que con fecha 01 de marzo de 2017, la trabajadora demandada suscribió formalmente un documento que contiene el “Descriptor” del cargo de Directora de Administración y Finanzas, documento en el cual acordaron referir las tareas, funciones, objetivos, responsabilidades, que forman parte del ejercicio del cargo de Directora de Administración y Finanzas. La trabajadora se mantiene en dicho cargo.

Fuero Maternal.

Con fecha 06 de Noviembre de 2018, la demandada dio a luz a su hija Julieta Antonella Aballay Núñez, por lo que conforme a lo dispuesto en el artículo 201 del Código del Trabajo, la demandada goza actualmente de fuero maternal.

Hechos.

A partir del mes de abril de 2019, la Fundación Educacional contrató los servicios de la empresa Ossandón & Ossandón Auditores Consultores Ltda., para que efectuara una auditoría de los estados financieros y gestión administrativa de Fundación Educacional El Salvador, correspondiente a los años 2018 y 2017.

A consecuencia de la referida auditoría se detectaron diversos hechos graves, en los cuales se fundamenta la solicitud de desafuero. Son los siguientes:

1) Existencia de pagos de honorarios, sin documentación mercantil asociada.

Indica que en la revisión a los estados financieros al 31 de diciembre de 2018, se analizó la cuenta contable de “Anticipo de Honorarios”, la cual a esa fecha la suma M$ 6.802, (seis millones ochocientos dos mil pesos), advirtiendo la auditoría que existían desembolsos realizados por la Fees, por servicios ya efectuados, que no cuentan con un documento mercantil que los respalde.

Señala que este error expone a la empleadora a infracciones legales en materia tributaria y educacional. Tributaria en la medida que el Artículo 31 de la Ley sobre Impuesto la Renta, establece que los gastos que realiza un contribuyente debe ser pagado, condición que cumple la Fundación, pero copulativamente, deben ser acreditados fehacientemente ante el Servicio de Impuestos Internos. La ausencia de documentación mercantil asociada al pago, impide tal acreditación, porque la Ley N° 20.529, sobre Sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación parvularia, básica y media y su fiscalización, indica en su Art. 49, letra b), que la Superintendencia de Educación tiene la facultad de “fiscalizar la rendición de la cuenta pública del uso de todos los recursos, públicos y privados”, por cuanto los gastos de Fees deben enmarcarse en las 11 operaciones que establece el DFL N°2 de 1998, del Ministerio de Educación. Asimismo, el uso de los recursos Fees está sujeto a lo previsto en el Decreto Supremo N° 582, de 2016, que aprueba Reglamento sobre Fines Educativos, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 3º y siguientes del Decreto con Fuerza De Ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación, normativa que, junto otras, no fue observada. Además, es contrario a lo indicado en el Manual de Cuentas para la Rendición de Recursos 2018-2019, del Ministerio de Educación, aplicable al actor atendida su calidad de sostenedor educacional sujeto a la fiscalización de la Superintendencia de Educación, conforme al cual, todos los gastos deberán contar con el respaldo de la documentación original que justifique tales operaciones para los efecto de cumplir la normativa educacional y tributaria.

2) Ausencia de conciliaciones bancarias mensuales

Indica que en el proceso de auditoría a los estados financieros del período 2018 y 2017, se solicitó a Fees que proporcionara información sobre las conciliaciones revisadas y aprobadas de enero de 2017 a diciembre de 2018. Como resultado de lo anterior, se pudo establecer que el proceso de conciliación bancaria solo se realizaba en forma anual, para efectos de rendición de subvenciones estatales. La conciliación bancaria representa un procedimiento contable que permite verificar los saldos registrados al final de un período, entre el Libro Mayor de Bancos y el saldo reportado por la institución bancaria, hasta lograr conciliarlos.

3) No es posible identificar a qué subvención y/o aporte corresponden los saldos bancarios

Agrega que durante el proceso de revisión y auditoría al 31 de diciembre de 2018 y 2017, se verificó que Fees posee 2 cuentas corrientes: a) Cuenta BCI. N° 720-36-729 denominada “Cuenta FEES” y; b) Cuenta BCI. N° 720-41-404 denominada “Cuenta Jardín Infantil”, y que los ingresos de dineros en ellas, correspondían a los siguientes conceptos:

- Aportes destinados a financiar los Contratos Colectivos vigentes en Fees, realizados por la Corporación Nacional del Cobre de Chile, División el Salvador;

- Subvenciones tales como DFL2, Ley N°19.464, Ley N°19.410, Ley N°19.933, Mantenimiento y otras asignaciones y subvenciones educacionales.

- Ingresos por mensualidades de Jardín Infantil.

- Otros Ingresos.

Que durante la revisión, se estableció que no existe información sobre el saldo disponible en la cuenta corriente, por cada uno de los ítems que componen los ingresos, debido a que los fondos que se perciben en la cuenta corriente de la Fundación, son utilizados en forma común e indistinta, para las operaciones educativas, y para el financiamiento de los convenios colectivos vigentes.

Que, rigen nuevas normas y políticas públicas respecto a la administración de cuentas bancarias y que “la entrada en funcionamiento del Registro de Cuentas Bancarias (RCB) se enmarca en la obligación de la Superintendencia de Educación de mantener un registro de todas las cuentas bancarias en que consten los ingresos que se destinen al cumplimiento de los fines educativos del establecimiento, de conformidad al artículo 3º del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998 del Ministerio de Educación, pudiendo requerir, mediante resolución fundada, los movimientos de estas operaciones en dichas cuentas bancarias y los antecedentes que los respalden. Lo anterior de acuerdo a lo establecido en el Artículo 49° letra e) de la Ley N° 20.529, modificado por LIE en el artículo 3° punto 2) letra e).”1, y que esta normativa no fue observada en tiempo y forma, durante la gestión de la demandada

Que, de esta manera, no solo se ha expuesto a Fees a incurrir en infracciones a la normativa educacional, sino que la falta de una correcta gestión de la demandada, queda en evidencia al constatar que el tratamiento dado a la cuentas corrientes por la demandada, ha dificultado establecer el nivel de gasto comprometido, el nivel gasto ejecutado, y la disponibilidad presupuestaria existente. La mala gestión de la demandada no permite al empleador conocer los saldos que cada subvención estatal posee al término de cada ejercicio señalado, información vital para la rendición de cuentas que, por ley, la Fees debe presentar ante la Superintendencia en forma anual, pero en base a información fidedigna y verificable, mediante una gestión administrativa y financiera eficiente, que no se dio en la especie.

Que la Ley de Inclusión Escolar N° 20.845, publicada el 08 de junio de 2015, modificó el artículo 54° de...

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