Sentencia Nº O-1174-2019 de Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco, 09-03-2020 - Jurisprudencia - VLEX 841256645

Sentencia Nº O-1174-2019 de Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco, 09-03-2020

EmisorJuzgado de Letras del Trabajo de Temuco
MateriaRecargos

Temuco, nueve de marzo de dos mil veinte.

VISTO, OÍDO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: En estos autos, Rit O-1174-2019, comparece doña Marta Soriano Barrientos, abogada, cédula nacional de identidad N° 16.047.062- 3, domiciliada en Antonio Varas N° 687, oficina nº 601, de la comuna de Temuco, en representación de KAREM MADELEYNE CAAMAÑO SOTO, profesora de Estado e ingeniera civil industrial, cédula nacional de identidad N° 13.317.418-4, domiciliada en Pasaje Alihuen 1146, Barrio Pehuén, Temuco, interponiendo demanda de despido indirecto y cobro de prestaciones, en contra de la CORPORACIÓN EDUCACIONAL LICEO COMERCIAL DEL DESARROLLO, del giro de su denominación, rol único tributario N° 65.114.922-3, representada legalmente por don Raúl Héctor Bello Cabello, profesor y director, cédula de identidad Nº 7.445.308-2, ambos domiciliados para estos efectos en calle Mantua N°1896, de la comuna de Temuco.

HECHOS:

Su representada ingresó a prestar servicios para Servicios Educacionales de Excelencia S.A. (EDUCE), hoy representada por su continuador legal, Corporación Educacional Liceo Comercial del Desarrollo, a través de la suscripción de un contrato de trabajo de carácter indefinido, con fecha 01 de marzo de 1998, ejerciendo labores como docente. Desde el 01 de marzo de 2013, debido a su preparación profesional, fue nombrada como Subdirectora de Administración y Finanzas, desempeñándose por tanto como docente-directiva sujeta al Estatuto docente, formando parte desde esa fecha del equipo de directivos del establecimiento educacional. Su remuneración era fija, por un monto mensual de $2.619.651.-

Diversos problemas se presentaron en la relación que la unía con su ex empleador, los que comenzaron a fines del mes de octubre de 2017, ocasión en la que fue citada a reunión del equipo directivo, comunicándosele que aquel mes se había tomado la decisión de no pagar el sueldo de los docentes y trabajadores del Liceo, pues el dinero de la subvención escolar sería destinado al pago de préstamos y deudas que mantenían los socios de la Corporación Educacional. A dicha situación su representada se opuso, señalando que debido a su cargo era responsable de las finanzas del establecimiento y del cumplimiento de sus obligaciones económicas, por lo que no podía avalar dicha situación, generándose una discusión con el director y representante legal del establecimiento, Raúl Bello. Dicha situación fue finalmente acordada con los trabajadores del liceo, a través de la mediación del Seremi del trabajo de la época, con un compromiso de un pago mensual en cuotas de sus remuneraciones durante los meses venideros, sin embargo, esta diferencia de posiciones generó una distancia entre su representada y el equipo de directivos del establecimiento con los que llevaba trabajando ya tantos años.

A fines de diciembre del mismo año, se planteó nuevamente por parte del equipo directivo, la decisión de no pagar las remuneraciones al personal del establecimiento, como tampoco la cuota acordada por la remuneración no pagada en el mes de octubre. Esta vez su representada tomó una posición aún más decidida al respecto, oponiéndose al no pago de sueldos, señalando tanto al equipo directivo como a los trabajadores que los dineros, provenientes de la subvención escolar, se encontraban disponibles, siendo posible pagar las remuneraciones. Se opuso férreamente, negándose a realizar cualquier gestión que posibilitara dejar a los trabajadores sin sueldo, concurriendo además a una asamblea con docentes y trabajadores a señalar que los dineros existían, estaban disponibles, por lo tanto, correspondía que se les paguen sus remuneraciones.

Esta situación significó el quiebre de la relación que mantenía con el equipo directivo al cual pertenecía. En aquella época mi representada se encontraba embarazada, por lo que al poco tiempo, luego de las vacaciones de verano, el 28 de febrero de 2018, salió con descanso prenatal, reintegrándose recién a sus funciones el 03 de septiembre de ese año. Al reintegrarse a sus funciones, se encontró con que se había conformado una comisión compuesta por representantes del equipo directivo, de los docentes y de los trabajadores, que actuaba como una especie de órgano fiscalizador de la administración de la subvención escolar que mes a mes era recibida por el establecimiento. En razón de ello se le negó retomar sus funciones habituales de subdirectora de finanzas, a pesar que las labores de dicha comisión, poco y nada tenían que ver con sus funciones diarias. Más bien dicha negativa a asignarle sus labores, derivó de la oposición que mantuvo a las decisiones económicas que tomó el equipo directivo y que han llevado al establecimiento educacional y a la sociedad inmobiliaria dueña del inmueble en que este funciona, a un nivel de endeudamiento que ha hecho peligrar no sólo el cumplimiento de las obligaciones laborales, sino que la continuidad del proyecto educacional.

Es así que con fecha 04 de septiembre de 2018, al día siguiente de reintegrarse a sus funciones, se le entregó y pidió suscribir un contrato de trabajo, fechado 01 de marzo de 2018, en el cual si bien se le mantenía el cargo de subdirectora de administración y finanzas, se eliminaban todas sus funciones anteriores y se le asignaban 2 funciones meramente nominales: Realizar las rendiciones de gastos que solicite el Ministerio de Educación, lo cual se realiza una vez al año, y realizar un estudio de las entidades de capacitación de acuerdo a las necesidades del personal que la Corporación le solicite, función también ocasional. La demandante se negó a firmar dicho contrato, contestando por escrito que no aceptaba el cambio de funciones, ni el cambio de la planta profesional a la planta administrativa que se pretendía, así como tampoco el aumento de carga horaria y la firma de libro de asistencia pues llevaba 20 años trabajando sin esa modalidad, la cual no era aplicada para ninguno de los miembros de la planta directiva.

Dicho cambio contractual pretendía sacarla completamente de la administración de las finanzas del establecimiento, sin embargo y a pesar de su negativa a firmar, en la práctica, igualmente fue marginada de sus labores, así como del conocimiento de las finanzas y de cualquier actividad concerniente a la situación económica del establecimiento.

A esa época los problemas económicos por los que atravesaba la Corporación eran de público conocimiento, ya que a docentes y trabajadores se les estaba pagando sólo el 60% de su remuneración. A ello se sumó, el embargo del inmueble en el cual funciona el liceo, hecho que, a pesar de ser propiedad de una sociedad relacionada a la Corporación educacional, tuvo un gran impacto en la comunidad educativa, existiendo un ambiente laboral totalmente irregular, con asambleas semanales y una tensión constante, renuncias y autodespidos de trabajadores.

En este contexto, entendiendo que la situación del liceo se encontraba convulsionada, la demandante se mantuvo sin funciones hasta fines de 2018, sin embargo a esta época decidió concurrir a la Inspección del Trabajo, instancia en la cual se la orientó respecto de que encontrándose con fuero maternal no podía ser despedida ni cambiada de funciones, así que debía mantenerse en su puesto esperando la pronta normalización de la situación, pues la inspección ya estaba en conocimiento de la situación por la que atravesaba la Corporación educacional y ya se había realizado una fiscalización general. Sin embargo, luego de trascurrido el periodo de vacaciones, a inicio del año escolar 2019, la situación para la demandante empeoró. Se insistió en que debía firmar un nuevo contrato de trabajo, enviándoselo firmado por el director a su domicilio, nuevamente asignándole funciones nominales, que no se condicen ni con su preparación profesional ni con su nivel remuneracional, entre ellos se mencionaba el buscar proyectos relacionados al giro de la empresa, mantenerse informada de las normativas del Ministerio de Educación, buscar y proponer proyectos de capacitación y el control del inventario del mobiliario del establecimiento, implementando un sistema de codificación de estos bienes. En este contrato, tal como en el propuesto en el año 2018, a pesar de mantenerse el nombre del cargo de Subdirectora de administración y Finanzas, no se considera ni una sola función relacionada con este, sino que se le asignaban labores ocasionales o específicas, más bien administrativas que buscaban mantenerla separada del conocimiento de la situación financiera y de las decisiones económicas que se adoptaban.

Asimismo, a través de estos cambios contractuales, se pretendió trasladar a la demandante desde el estatuto docente, régimen legal bajo el que fue contratada y que rige la relación que la une a la Corporación Educacional, hacia el estatuto de asistentes de la educación o personal no docente. Es pertinente en este punto señalar, que la preparación profesional de su representada es bastante amplia, es profesora de Estado en enseñanza media técnico-profesional, mención informática; contadora...

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