Sentencia nº 11365-2025 de Corte Suprema - CUARTA, MIXTA, 15-05-2025

S., quince de mayo de dos mil veinticinco.
Vistos:
En estos autos RIT N°C-808-2024, del Juzgado de Familia de Concepción,caratulados “R. con Florencia”, sobre restitución, por sentencia dediecinueve de junio de dos mil veinticuatro, se acogió la demanda y se ordenó elregreso del adolescente A. a DIRECCION000, Venezuela, lugar de suresidencia habitual, a más tardar al décimo día hábil siguiente a que se encuentreejecutoriado el fallo, en compañía del padre demandante o bien con la madre o lasupervisión de una persona de confianza de ambos; sirviendo la sentencia deautorización suficiente para la salida del niño del país, supliendo la voluntad deambos padres; y que, una vez firme y ejecutoriada la sentencia, quedase sinefecto el arraigo decretado.
Se alzó la parte demandada y una sala de la Corte de Apelaciones de
C., por sentencia de trece de marzo del año en curso la revocó,rechazando la demanda.
En contra de dicha decisión la parte demandante dedujo recurso decasación en el fondo, en el que solicita su invalidación y se dicte la de reemplazoque indica.
Se trajeron los autos en relación.
Considerando:
Primero: Que la recurrente acusó infracción a los artículos 3 letra a), 5 letraa) y 13 letra b) de la Convención sobre Aspectos Civiles del Secuestro
Internacional de Niños, y a los artículos 7 y 28 de la Ley N° 21.430, porque lasentencia recurrida no ponderó de forma correcta la importancia que poseía laresidencia habitual del niño antes de ser trasladado o retenido, concepto que es elprincipio rector de la Convención mencionada. Precisa que en este caso el lugarde residencia habitual de A. es Venezuela, pues ahí es donde permanecía,estudiaba y se desarrollaba hasta antes de ser retenido ilícitamente por su madreen Chile.
Refiere que si bien la sentencia recurrida le otorgó particular énfasis a loestablecido por el joven en relación con la negativa de éste de volver a Venezuela,aquello no debe ser el único parámetro de ponderación por parte de la judicatura,ya que dicha preferencia da cuenta de estar influido por la madre. Afirma que lamagistratura resolvió como si se tratase de una causa de cuidado personal, masno de sustracción internacional, argumentando para ello que A. se encuentraen buenas condiciones y que la madre goza de una situación económicaprivilegiada en nuestro país, situación social que el adolescente podría alcanzar ensu país de residencia habitual, Venezuela, ya que también se encontrabaescolarizado, tenía buena conducta y buenas calificaciones en su establecimientoeducativo. Además, antes del traslado o retención ilícita, el joven estaba a cargode un padre que es profesional y solvente, pudiendo garantizar un buen nivel devida en su país de residencia.
Enfatiza que, por lo tanto, no se entiende el razonamiento que realiza lasentencia impugnada al ponderar como mejor la situación económica y social de lamadre en relación al nivel de vida que podría alcanzar el niño en Chile, siendo queen su propio país de residencia habitual ya contaba con todas esas necesidadesaseguradas, por lo que el fallo recurrido incurre en una argumentación de caráctergeneral que invita a realizar una comparativa de la situación económica entre
Chile y Venezuela, lo que no es aplicable al caso concreto, toda vez que no es unhecho en discusión que la madre, en virtud del régimen comunicacionalinternacional fijado por un tribunal venezolano, si bien fue autorizada por el padrepara salir con el niño desde ese país con destino a Chile en el mes de diciembrede 2023, se encontraba obligada a devolverlo a su residencia habitual el 4 deenero de 2024, lo que no realizó.
Agrega que tampoco se configura la situación del artículo 13 letra b) de la
Convención, porque el fallo recurrido omite los altísimos estándares que ellaimpone para tener por acreditada la causal y su necesidad de aplicación estricta.
Señala que el tratado internacional exige la acreditación de la existencia de unriesgo que no solo debe ser grave, sino también debe poner al adolescente en unasituación intolerable. En ese sentido, no solamente se acreditó que no existenantecedentes en el país de residencia habitual del joven que den cuenta de unaeventual vulneración de derechos sufrida por éste, sino que, además, el hecho dehaber sido trasladado A. de forma ilícita y encontrarse siendo retenido ennuestro país, configura por sí solo un maltrato.
Alega, a su vez, que se conculca el interés superior del niño porque laopinión de éste debe analizarse en relación al reintegro al país de residenciahabitual y, en caso alguno ha de consistir en una comparación de las condicionesde vida de uno u otro país.
Precisa la forma en que las infracciones denunciadas influyen en loresolutivo de la sentencia y solicita, en definitiva, acoger el recurso de casación enel fondo, invalidar la sentencia recurrida y dictar una de reemplazo que dé lugar ala orden de retorno de A. a su país de residencia habitual, esto es,
Venezuela.
Segundo: Que la sentencia impugnada estableció los siguientes hechos:1.- A. nació el NUM000 del año 2010 en el estado de Anzoátegui,
Venezuela, es hijo de filiación matrimonial de doña Florencia y de don R..
Desde su nacimiento, vivió, fue criado y asistió a establecimientos educacionalesen DIRECCION000, Venezuela, siendo esa su residencia habitual hasta la fechadel traslado a Chile, ocurrido el 17 de diciembre de 2023; registraba domicilio juntoa su padre en DIRECCION000, Estado Anzoátegui, Venezuela. 2.- Por sentencia de divorcio, de 18 de julio de 2018...