Rodrigo Ubilla: 'El país no puede seguir esperando'
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EL PAÍS
NO PUEDE
SEGUIR
ESPERANDO
Chile enfrenta una severa crisis de seguridad. En los
primeros tres meses de lo que va del año, los delitos
de mayor connotación social aumentaron en un 14%,
en comparación al mismo periodo del año 2022. Deli-
tos como los homicidios, las violaciones y los robos
violentos de vehículos siguen creciendo y alcanzan
sus máximos históricos durante 2023. Una situación
que no solo preocupa por la gravedad de los delitos,
sino porque ante esta situación el Gobierno, a más
de un año de asumir, aún no materializa avances que
permitan hacer frente a esta crisis.
Frente a esta situación que involucra múltiples áreas
de la seguridad, lo cierto es que el Estado se ha queda-
do atrás en cuanto a capacidades para combatir el
crimen organizado y presenta deficiencias y debili-
dades en todos sus flancos: capacidades preventivas
e investigativas, persecución penal, protección de
fronteras, control aduanero, inteligencia, fiscalización
tributaria, entre otros. Un problema multidimensio-
nal al que estamos llegando tarde, mientras el crimen
organizado gana terreno de forma implacable, situa-
ción que es percibida por la ciudadanía. Según el estu-
dio Claves Ipsos de marzo de este año, en los últimos
12 meses, un 95% de los chilenos ha tomado al menos
una medida para reducir el riesgo de ser víctima de un
delito y según la encuesta Plaza Pública Cadem de la
segunda semana de abril, los chilenos indican que la
delincuencia es hoy más violenta debido a la inmigra-
ción o la “entrada de delincuentes desde el extranjero”
(60%), a que “Carabineros no tiene las atribuciones ni
preparación necesaria para combatir la delincuencia”
(48%) y a las “bajas penas y puerta giratoria” (35%).
Es por ello que urge avanzar en medidas de corto y
mediano-largo plazo para enfrentar con decisión
la crisis. Si bien existe consenso político en amplios
sectores respecto de la necesidad de orden público y
de hacer frente al crimen organizado y la violencia, lo
cierto es que una de las dos coaliciones de gobierno
(PC y FA) arrastra profundos conflictos ideológicos en
esta materia, lo que ha provocado su rechazo a proyec-
tos de ley promovidos por el propio gobierno como la
votación de la Ley Naín-Retamal. A lo anterior se suma
que el Gobierno a más de un año de asumir presenta
demoras en la ejecución del presupuesto dedicado al
combate de la violencia, por ejemplo, según informa-
ción de la Dipres, la Política Nacional Contra el Crimen
Organizado, lanzada a finales de 2022, aún no ha
ejecutado los recursos comprometidos a instituciones
como Carabineros, la PDI, Gendarmería, Directemar
y Aduanas durante los dos primeros meses del año1.
Es por esto que en el corto plazo es urgente avan-
zar en la agenda legislativa de seguridad pública. El
gobierno y los presidentes de las dos corporaciones
del Congreso acordaron acelerar 31 proyectos de ley
Columna de Rodrigo Ubilla M.
Director Área Política y Sociedad Civil de
Libertad y Desarrollo
1 Libertad y Desarrollo (2023). Delitos siguen subiendo, mientras el Gobierno no ejecuta los recursos asignados para combatir la delincuencia.
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OPINIÓN
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