Reforma laboral: expertos creen que los servicios mínimos y las adecuaciones se entramparán en la DT y en la Corte Suprema
ás de tres mil negociaciones colectivas al año y 327 mil trabajadores involucrados. Esos son dos datos que permiten vislumbrar el desafío que deberán enfrentar la Dirección del Trabajo (DT) y, posteriormente, los juzgados del Trabajo una vez que entre en vigencia la reforma laboral que el Congreso está a punto de despachar.
A pesar de que durante las últimas semanas los congresistas de la Nueva Mayoría lograron morigerar sus diferencias en casi todos los puntos polémicos de la reforma, la redacción final del texto es tan ambigua -según coinciden desde la CUT hasta la CPC-, que la forma de aplicarse se peleará, quizás por años, tanto en la Dirección del Trabajo como en tribunales.
Y hay un tercer elemento que ayuda a alimentar la incertidumbre entre empresarios y líderes sindicales: el futuro de una agenda legislativa paralela que, de prosperar, endurecería aun más lo ya obrado en el Congreso. Se trata de dos proyectos presentados en el pasado por la izquierda de la Nueva Mayoría que proponen limitar la polifuncionalidad de los trabajadores -lo que reduciría los espacios para reasignar funciones en caso de huelga- y prohibir la subcontratación de funciones que pertenezcan al giro principal de la empresa.
Empresarios y trabajadores dudan de la DT
Según la nueva normativa, empleadores y sindicatos deberán definir antes de la negociación colectiva los servicios mínimos que los trabajadores deberán mantener en la empresa en caso de huelga. La idea es que empleador y sindicato acuerden, por ejemplo, cuál será la dotación de trabajadores que se encargarán de proteger los bienes e instalaciones de la empresa. Y de no haber acuerdo, la Dirección del Trabajo deberá zanjar. Es aquí donde surgen las primeras aprensiones.
Según el profesor de derecho laboral de la Universidad Diego Portales José Luis Ugarte, gran parte de las empresas van a pedir servicios mínimos: "Va a ser una forma de hostilizar al sindicato", afirma el abogado, quien durante la discusión del proyecto defendió que el derecho a huelga no puede tener este tipo de límites y que la huelga debe ser sin reemplazo interno ni externo.
Durante la tramitación del proyecto, la izquierda de la Nueva Mayoría advirtió al Gobierno que la incorporación del concepto "servicios mínimos" abriría un amplio espacio para judicializar el derecho a huelga, y en su lugar pidieron cerrar el tema con la incorporación de un concepto más restrictivo, como "servicios esenciales", que son aquellos reconocidos por la OIT y que se circunscriben solo a aquellas tareas necesarias para...
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