Regula los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles, fija nuevas penas y formas comisivas e incorpora mecanismos eficientes de restitución
| Fecha | 21 Julio 2020 |
| Número de Iniciativa | 13657-07 |
| Fecha de registro | 21 Julio 2020 |
| Autor de la iniciativa | Aravena Acuña, Carmen Gloria, Chahuán Chahuán, Francisco, García Ruminot, José, Pugh Olavarría, Kenneth |
| Etapa | Primer trámite constitucional (Senado) Segundo informe de comisión de Seguridad Pública |
| Tipo de proyecto | Proyecto de ley |
| Cámara Legislativa de Origen | Senado,Moción |
Boletín N° 13.657-07
Proyecto de ley, iniciado en moción de los Honorables Senadores señora Aravena y señores Chahuán, García y Pugh, que modifica las sanciones del delito de usurpación y las equipara con las de otros delitos a la propiedad.
La protección de la propiedad es uno de los bienes jurídicos más resguardados por la legislación nacional, tanto a nivel legal, sancionando los daños ocasionados contra ésta y su pérdida, como a nivel Constitucional, custodiando al derecho de propiedad mediante la acción constitucional de protección.
En el caso del título IX del Código penal, de crímenes y simples delitos contra la propiedad, se establecen más de 52 artículos que sancionan diversos delitos en contra de la propiedad, con altas sanciones en contra de los autores, cómplices o encubridores, incluso en aquellos que se encuentran en grado de tentativa.
En este contexto, una situación anómala que se encuentra establecida en nuestra legislación dice relación con la regulación que se le entrega, en el mencionado código, al delito de usurpación.
Este delito, a pesar de tener como hecho base la fuerza en las cosas, apropiación violenta de una cosa o de un derecho real, lamentablemente la penalidad que tiene asociada, una multa desde 11 a 20 utm, es sorprendentemente baja y no dice relación alguna con el resto del cuerpo legal sobre la propiedad, provocando una disparidad entre la protección general que se le otorga a la propiedad y la sanción que conlleva aparejada este delito.
Más allá de las consideraciones jurídicas propias de la regulación de este delito en nuestro código penal, han existido una serie de hechos en los últimos días que han conmocionado a la opinión pública, y que dan cuenta de las consecuencias que puede ocurrir cuando se cometen estos delitos, esto pues lamentablemente debido a la baja penalidad que trae aparejado este ilícito, muchas personas se ven interesadas en cometerlo, a cambio de los grandes beneficios económicos que este le puede traer aparejado.
Un delito de este tipo recientemente ocurrió en la comuna de Ñuñoa, específicamente en la céntrica calle Salvador, en el cual, un sujeto, se apropió de manera ilegal de la casa de Rosa Garrido Herrera, que se encontraba en venta, y desde entonces, comenzó a subarrendar las piezas, en su mayoría, a personas extranjeras.
El hecho fue alertado por los vecinos que informaron a la dueña sobre la llegada de un grupo de personas al inmueble, quienes incluso habrían ingresado por el techo y posteriormente, cambiado las cerraduras.
Según informaciones recogidas en la prensa escrita, se trata de una banda organizada dedicada a usurpar inmuebles que, por diversas circunstancias, que se encuentran desocupados”, señalando que “los sujetos actuaron en total impunidad al hacerlo durante el periodo de confinamiento obligatorio1”.
Además de este caso previamente señalado, quizás el que más revuelo causó en la opinión pública, fue el terrible asesinato por encargo ocurrido el 18 de mayo recién pasado, dónde Alejandro Correa fue asesinado afuera de su casa, en Concón. El homicida fue identificado como Víctor Gutiérrez, un colombiano que ingresó de forma irregular a Chile de 35 años con antecedentes, quien fue arrestado en la comuna de Quilpué y reconoció haber operado como sicario: le pagaron por cometer el crimen, que tuvo lugar en la vía pública, en el frontis de la casa de la víctima.2
Lamentablemente, este terrible homicidio tiene directa relación con el tipo de delito que este proyecto de ley pretende regular. La víctima de este homicidio, el año 1996, adquirió este terreno de 13 hectáreas ubicado en la comuna de Quilpué.
Mantener ese terreno le acarreó distintos problemas a Alejandro Correa. Desde 2019 estaba sumido en un litigio civil con una empresa de rellenos que, según dijo a la...
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